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Una agenda multipartidaria

“No hay testigo más temible, ni dedo acusador tan terrible, como la conciencia que habita en el corazón del hombre.” – Polibio (200-118 A.C.), preceptor griego de Publio Cornelio Escipión Emiliano y también autor de “El ascenso de Roma”.


Hace treinticinco años, cuando se gestó la Constitución actualmente en vigencia, el patriciado guatemalteco –en aquel entonces muy poderoso- consintió en la estructuración de un sistema eleccionario de fachada democrática, pero que en realidad, desalentaba la auténtica discusión política y ponía el poder de la República al alcance de quienes pudieran invertir suficiente dinero en el mercadeo de un candidato inocuo, que fuera ideológicamente “mudo”. Con ello pretendían, como si fuéramos ciudadanos-niños, alejar a la sociedad guatemalteca de los peligros que se hicieron evidentes durante los anteriores treinticinco años de violencia política, que arrancó con el magnicidio de Francisco Javier Arana, uno de los triunviros del cuarenticuatro, en el “puente de la Gloria”, en 1,949. De esa manera creyeron que sepultarían las penurias del “conflicto armado interno” en el que Guatemala estuvo inmersa por una generación, sin recurrir a la dictadura abierta. La accesible manipulación de lo que entonces era sólo un puñado de medios de comunicación, la inexistencia de verdaderos partidos políticos y la “resaca” de una guerra civil solapada, hicieron aquello posible. Lo que no previeron los titiriteros originales fue que “puesta en venta” la conducción de la República, se haría posible la irrupción en la competencia política de nuevos grupos que aprenderían a jugar ese juego –de manera más eficaz que sus originadores- con abundantes dineros mal habidos, dejándolos a ellos con un accesorio papel de patrocinadores secundarios. Exmilitares y exguerrilleros, con recursos robados al Estado, entraron a la palestra. Luego, el crimen organizado y en especial, el narcotráfico. Pronto, a los titiriteros originales, el asunto “se le fue de las manos”: las municipalidades y las diputaciones distritales quedaron bajo asedio de implacables “caciques” de comarca y las corrientes de opinión dominantes, una conservadora y otra neo-marxista, sólo invocadas “de pasada” y a conveniencia, de manera ambigua, tanto por tirios como por troyanos. Así surgió un sistema de “vehículos electorales” sin ideología definida, sin programas claros, sin proyecto de Nación, pero de evidente cultura cleptocrática – “la vergüenza pasa, pero el pisto queda en casa”. Ordeñaron impunemente al Estado, por años, hasta que llegó la CICIG…


La proverbial suerte de Guatemala impidió que siguiera aquello y nos abrumara el desastre. Además de la hoy abortada presencia de la CICIG, la existencia de la indiscreta internet y la militancia ciudadana, resultaron en el descalabro de dos de las viejas maquinarias electoreras (LÍDER y “Patriota”) y en el debilitamiento de las dos que aún quedan (UNE y FCN). Aunque la cleptocracia aún se defiende (con un casi inexplicable apoyo de cierta parte del pensamiento conservador y de algunas de las estructuras senatoriales del empresariado guatemalteco), emergimos del último y muy sucio proceso eleccionario con posibilidades de ver cambios: un presidente electo “de carambola” (tras la eliminación “legal” de competidores “a diestra y siniestra”), revela tempranas intenciones de querer emprender proyectos transformadores de gran envergadura, lo cual es muy bueno. La nueva Legislatura, aunque emergiendo del sistema podrido, tendrá 106 nuevos legisladores de quienes habrá que esperar “viento fresco”, los que sumados a aquellos de los 54 “supervivientes” que no hayan formado parte de los 107 del infame “pacto de corruptos”, quizá logren integrar una bancada multipartidaria de diputados decentes (se necesitan, al menos, 81) a los que la ciudadanía consciente deberá dar su apoyo, para exigir iniciativas ciudadanas positivas. Será esa nueva Legislatura, también, la que elegirá a las nuevas magistraturas de nuestras más altas Cortes, pese a renovados berrinches y veladas amenazas…


El peligro de un “retorno de la hidra”, sin embargo, no está plenamente conjurado: la semana pasada, por ejemplo, Álvaro Arzú Escobar intentó justificar lo injustificable. La aprobación de la iniciativa 5311 (“ley de aceptación de cargos”), originada en el razonable propósito de “descongestionar” al sistema de administración de justicia, de la manera en que fue aprobada, le da “pase de salida” ¡sin pena de cárcel! a los diputados y demás delincuentes que “confiesen” haber desfalcado al sistema (róbese 30 millones y “pague” con cuatro años de prisión conmutables, a razón de Q100 diarios...) Haciéndose el ingenuo, el flamante “diputado en jefe” dijo nó entender porqué tánto escándalo, a pesar de que esta adaptación tropical del “plea bargain” no obliga al delincuente a cooperar con la justicia, ni a restituir daños, ni a pagar con cárcel sus fechorías. Coarta la utilización de testigos protegidos y en general, castra la persecución del crimen. Los diputados sindicados, que no pudieron nombrar a sus futuros jueces por acción de la CC, se recetaron una ley que les quita el miedo de ser encarcelados pronto. Habrá que ver cómo se veta ese engendro, cómo se recurre de amparo o se bloquea políticamente esta nueva vergüenza nacional. Hasta el último estertor (¿no te da vergüenza, Alvarito?), la actual legislatura lucha por mantener protegida a la corrupción y vivita a la impunidad…


En democracias más avanzadas, cuando las circunstancias lo ameritan, surgen “propuestas bipartisanas” o una “agenda de Nación, más que de gobierno”. Nuevos diputados: al margen de sus afiliaciones partidarias formales, de si sean “de derecha” o “de izquierda”, la Patria reclama diputados decentes, que no desaprovechen el momento histórico por venir en Enero, “a partir del 14 a las 14”, para darle un nuevo rumbo a la Nación. En este punto de inflexión de nuestra Historia, aprovechando circunstancias quizás irrepetibles, deben ustedes (i) reformar el sistema político-administrativo (enmiendas a la administración de justicia, a la ley electoral, a la ley de servicio civil y a la ley de contrataciones), proscribiendo la corrupción y la impunidad; y (ii) deben poner los cimientos de una nueva clase media guatemalteca, haciendo de ésta “una república de todos los ciudadanos”; utilizando mecanismos novedosos como la varias veces explicada en este espacio “dotación patrimonial ciudadana”. De hacerlo así, la República podría empezar a sanar y el 2,020 podría ser el inicio del “despegue” de Guatemala…


"Publicado en la sección de Opinión de elPeriodico el 19 de Noviembre 2019"

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