“...Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución” - Segundo párrafo del Artículo 45 de la Constitución de la República.
Guatemala es el epítome de una “democracia de fachada”. Bajo un tenue barniz de legalidad, el actual sistema político desalienta la participación ciudadana (en un país con bastante más de diez millones de ciudadanos en edad de votar, sólo ocho y pico están empadronados y de ésos, menos de la mitad -o sea apenas dos de cada cinco votantes potenciales- votaron en “la segunda vuelta” de la última elección). Los partidos políticos, supuestos intermediarios entre la ciudadanía y el Estado, con algunas incipientes excepciones, son, o redes parásitas ilegítimamente prendidas de la teta del Estado, o simples vehículos electorales de alquiler. Sin ideología, sin democracia interna, propiedad de grupúsculos, estos numerosos vehículos se venden, “al mejor postor”. Es un “sistema político” que propicia que “no se hable de política”: una absurda y malévolamente aplicada disposición legal que prohíbe “la campaña electoral anticipada” (originalmente concebida para inhibir la desenfrenada contaminación visual y auditiva de las campañas proselitistas) se ha traducido en una especie de “mordaza” que le impide a los ciudadanos conocer cuál es la “oferta política real” (porque un desprestigiado TSE amenaza permanentemente con “encontrar el pelo en la sopa” y así “descalificar” legalmente a aquellos que no gocen de su sesgada anuencia). Peor aún: el rollo de la “campaña electoral anticipada” le provee a los mudos aspirantes a puestos de elección popular de una conveniente excusa para no pronunciarse acerca de la problemática nacional ni tomar posturas al respecto. Al final del proceso eleccionario, la discusión inteligente es sustituida por una corta pero ensordecedora campaña mediática de cancioncitas insulsas y apelaciones tribales, entre el recurrente reparto de migajas del festín de la corrupción. El sistema permite, además, que tengamos una Asamblea Legislativa -el corazón de un sistema democrático- que no representa realmente a las verdaderas corrientes de opinión del electorado, pues mediante trampas estructurales, el votante es forzado a optar por “listas” de ilustres desconocidos, en las que las posiciones con más probabilidad de ganar una curul “por inercia”, se subastan burdamente. En el interior del país, muchas plazas municipales son bazares de clientelismo crudo, con componendas ilegales, sobornos e intimidaciones de los caciques lugareños, que cambian de partido casi como algunas damas cambian de marca de “champú”. Un resultado de todo esto es que la gran mayoría de la ciudadanía no se identifica con partido político alguno y asqueada, se abstiene de participar abiertamente. Otros son: que tenemos un Presidente que fue la opción de ¡sólo el 6%! de los ciudadanos en edad de votar en “la primera vuelta”, encabezando un pequeño ejército de garrapatas burocráticas que únicamente tiene por agenda enriquecerse a costillas del erario lo antes posible; que un Congreso, también rapaz, pueda ignorar, sin consecuencia alguna, las demandas del electorado; que buena cantidad de alcaldes sean “dinásticos”, con parentelas y compinches que se adueñan por largo tiempo de toda la institucionalidad local; y que las Cortes de Justicia, designadas por los beneficiarios de estas mafias, estiren la Ley, defiendan a los transgresores cercanos al poder y en general, se encarguen de mantener la impunidad de las bandas de ladrones que nos desgobiernan...
No siempre ha sido así. Aunque el mal gobierno ha sido nuestro triste sino durante el 90% de nuestra vida independiente, recientemente una inevitable y esperanzadora evolución -dentro del actual entramado Constitucional- hacia formas menos malas de gobierno, se había venido gestando; en particular, a partir de las admirables manifestaciones ciudadanas del 2015. Sin embargo, la CICIG, que no hay que olvidar, llegó al país como resultado de una invitación concretada por el gobierno “derechista” de Oscar Berger (acción refrendada oficialmente por los tres poderes del Estado, para asistirnos en el combate a la impunidad), entre aciertos, errores, algunos abusos y señalados éxitos, por primera vez en nuestra Historia, empezó a “contarle las costillas” al poder real. La reacción de la bestia ha sido implacable. Empezando con “Jimmy” Morales, quien se nos coló con aquella descarada aseveración de que no era “ni corrupto, ni ladrón”, un vengativo asalto a las instituciones republicanas de administración de justicia se desencadenó. Con la excusa de que el combate a la corrupción estaba encabezado “por chairos”, un virulento proceso regresivo, gestado en las entrañas de nuestros círculos más conservadores, empezó por desmantelar los avances que se habían logrado en la profesionalización de la policía. Siguió con la penetración de los tribunales de justicia a todo nivel, incluyendo a las más altas Cortes y a continuación, ha perpetuado la podredumbre del sistema penitenciario. Ahora, en el gobierno de Timo Chenko y “Miguelito”, el monstruo está en pleno y furibundo ataque a un Ministerio Público que por primera vez en nuestra Historia había adquirido cierta capacidad investigativa. Consecuencia de esa regresión, todos los días tenemos otro descarado escándalo de corrupción, pero ya ningún funcionario venal teme ir al bote. Al contrario, haciendo el ridículo internacional, nuestro gobierno ahora persigue, inmisericordemente, a quienes empezaron a combatir de veras a la corrupción. Es el reino de “lo legal”, pasando por encima de lo legítimo...
Mientras tanto, la grave problemática nacional sigue sin resolverse. Seguimos siendo la atrasada sociedad semi-feudal que nos legó el pasado colonial, una sociedad esencialmente de dos clases; con indicadores sociales abismales, sin esperanza, de la que cada vez más ciudadanos huyen. Sin un renovado “motor primario” del crecimiento económico, precariamente dependientes de las remesas de nuestros emigrados. Pero a la cleptocracia no le importa...
Ya se les pidió de mil maneras que reformaran el sistema y se niegan a hacerlo. No quieren desmantelar el sistema que los llevó al poder y los mantiene allí. De hecho, están envalentonados por sus victorias pírricas y se aprestan a “tasajear” toda oposición real y a presentarnos de nuevo el dilema de escoger “entre el cáncer y el sida”. A seguir asustándonos “con el petate del muerto”, para que creamos que sólo se puede escoger entre un gobierno ladrón u otro comunista. Quieren seguir con ese sistema en el que cambian las caras pero se mantiene el régimen. Para gozar impunemente de los frutos del saqueo. Para que aunque sean una minoría, la voluntad “de los que mandan” se imponga otra vez a la mayoría. Aunque nos precipitemos al desastre... Hasta algunos ciudadanos bien intencionados, han perdido la fe (“no hay salida dentro del sistema”, empieza a oírse). “Tienen todo el dinero del mundo y contra eso no se puede competir”. Pero no hay tales. La Historia no se detiene. Hay creciente consciencia de que esta insensatez nos empuja peligrosamente hacia el otro extremo. Por eso, un grupo de ciudadanos hastiados está organizando una amplia coalición ciudadana que los derrotará, desechando a los radicales de ambos lados del espectro. Utilizando las pocas herramientas -como la libertad de expresión y asociación- que nos va dejando el sistema, la idea es construir “una carpa grande” en la que la mayoría proba y sensata encuentre su lugar. Se pretende poner las bases de un futuro sistema bi-partidista democrático y estable. Para ello, se han avanzado pláticas con un partido a la izquierda y otro a la derecha “del centro”, ambos democráticos y ya legalmente establecidos; con la intención de que en el futuro, al ver la nueva realidad, puedan sumarse algunos partidos existentes más. Ambos partidos fundadores están de acuerdo en formar un frente de defensa de la institucionalidad de la República Democrática y propiciar esta agenda mínima común: (i) Restaurar la auténtica lucha contra la corrupción, haciendo prevalecer de nuevo el imperio de la Ley; (ii) Mediante una Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana, iniciar el ataque frontal a la raíz de nuestra problemática socioeconómica, la abismal desigualdad; (iii) Proveer de compensadores sociales mínimos a la cada vez más desprotegida población, universalizando la cobertura del seguro social; (iv) Dejar de sabotear al proyecto que nos catapultará hacia un rápido desarrollo socio-económico del país, el Corredor Interoceánico de Guatemala; y (v) Re-iniciar un diálogo que auténticamente nos encamine hacia una verdadera y próspera integración centroamericana.
No estamos frente a un enemigo chiquito, ciudadano. Es una minoría, pero vociferante y coyunturalmente poderosa. No podrá esa minoría, sin embargo, contener la acción de la inteligencia, de la estructura informal de liderazgo de la sociedad. Vienen tiempos de definiciones y contamos con usted. Nacional e internacionalmente, las cosas se le complican a la cleptocracia, aunque aún no lo quieran creer. Tienen al tiempo en contra: una “revolución de colores” está en gestación. Esperemos que los insensatos comprendan que los abusos no pueden continuar. No vaya a ser que al amparo del artículo 45, tenga que rugir el león...
"Publicado en la sección de Opinión de elPeriódico el 1 de Marzo de 2022"