Temores bicentenarios

“El estudio de las fuerzas que le dan forma, mantienen y alteran al Estado es la fuente de toda perspicacia política y conduce a la comprensión de que ‘la ley del poder’ gobierna al mundo de los Estados tal como ‘la ley de la gravedad’ gobierna al mundo físico. La antigua cultura política estaba consciente de esta verdad, pero de ella derivaba una errónea y perjudicial conclusión: el ‘derecho’ del más poderoso. La era moderna ha corregido esta falacia inmoral... pero con frecuencia subestima su peso real y su inevitable influencia...” – Ludwig von Rochau, en “Principios de Realpolitick aplicados a los asuntos de Estado en Alemania”, 1853.

A mediados de 1821, Mariano de Aycinena sopesaba, preocupado, los recientes acontecimientos políticos en su terruño y en el mundo. Por una parte, su apostura y su destreza con la pluma, la espada... y la guitarra, lo habían colocado en indiscutida posición de liderazgo en el clan familiar -de unos 150 miembros, entre hermanos, primos y parientes- a pesar de ser sólo el cuarto de los siete hijos que tuvo su legendario padre, Juan Fermín de Aycinena e Irigoyen, con su tercera esposa, y no el depositario formal del mayorazgo; que recaía en su sobrino y también primo, Juan José, primogénito de su medio hermano, Vicente, el primer hijo varón “del primer marqués” y de la hermana de su madre. Juan José, habiendo ya heredado formalmente la condición de “tercer marqués” en 1816, había “tomado los hábitos” cuando en 1818 fue ordenado sacerdote, permitiendo acallar un tanto las inconvenientes maledicencias derivadas de sus amaneramientos y de su poco interés en las damas. Refugiado en la academia y entregado a incesantes estudios y ceremonias de culto, que en el futuro lo conducirían -tras cuestionables acercamientos pecuniarios a la curia de su tiempo- a su condición de “Obispo (¡de Trajanópolis!), sin grey”, el clérigo/marqués se había apartado de hecho de la conducción del emporio familiar -que incluía barcos, 14 plantaciones de añil en Guatemala y El Salvador, una red comercial en la América Española, en España, y en Inglaterra y sus colonias, y la cual controlaba más de la cuarta parte del comercio exterior del Reino de Guatemala y bastante más de un millar de dependientes directos - delegando tal responsabilidad en su medio tío y primo hermano, Mariano, tres años mayor que él y a la sazón, de 32.

Los acontecimientos políticos que consternaban a Mariano tenían su raíz en las agrias reflexiones que a su hermano mayor, Vicente, le había hecho su padre - fallecido en 1796, cuando Mariano contaba con apenas siete años - quien consideraba “sólo cuestión de tiempo” que los excesos de la Revolución Francesa terminaran por alterar el apacible mundo que con sagaz instinto comercial, hábil cabildeo político y convenientes alianzas matrimoniales, había logrado construir en este -para el Clan- apartado pero muy generoso reino indiano. Aquellas premoniciones paternas empezaron a materializarse tras la invasión Napoleónica de la península ibérica en 1808, que condujo a peligrosos pronunciamientos en toda la América Española, y entre los cuales destacaba “el grito de Dolores” que hizo el cura Hidalgo, en la vecina Nueva España, en 1810. La proclama de Hidalgo “hizo eco” aquí en las primeras expresiones independentistas (1811) de El Salvador y Nicaragua y en “la conspiración de Belén” (1813), provocando excomuniones, sanciones penales y airados exabruptos, como los del futuro, iracundo y baturro Arzobispo de Guatemala, don Ramón de Casáus y Torres, amigo de “apalear a los traidores”. Las premoniciones paternas continuaron haciéndose realidad, como cuando en 1812, el heredero político y militar de Hidalgo, José María Morelos, fusiló al anterior Capitán General y Presidente de la Audiencia de Guatemala, Antonio José González de Mollinedo y Saravia, en Oaxaca, en su frustrado camino hacia la ciudad de México, a donde por su experiencia militar, la Junta General de Sevilla lo estaba enviando para apoyar la defensa del régimen imperial. No todo eran malas noticias para Mariano, sin embargo: los criollos mexicanos habían logrado estructurar una eficaz defensa del régimen realista en este norte de la América Española, esfuerzo cuyo liderazgo finalmente recayó en Agustían de Iturbide, quien “mantenía a raya” a los temidos insurgentes.

Dos sucesos, no obstante, cambiaron el panorama. Primero: habiendo retornado al trono en 1814, gracias al heroísmo y sacrificio del pueblo español, “el deseado”, Fernando VII, ¡abolió la moderada Constitución de Cádiz (de 1812)! y persiguió a los diputados constituyentes, incluyendo a nuestro ilustrado y apreciado diputado Antonio de Larrazábal, quien cayó preso. Aquel retorno del absolutismo condujo a que el odioso Capitán General, José de Bustamante y Guerra, provocara hondos resentimientos al quemar públicamente la Constitución (“la Pepa”) y sus “Instruciones” guatemaltecas, en la Plaza de Armas; además de vengarse de mil formas de los ahora ya expuestos constitucionalistas criollos. Segundo: en 1820, el capitán Rafael Riego, quien supuestamente iba a encabezar una gigantesca expedición punitiva “para someter al orden” a Bolívar y a San Martín, dio golpe de Estado en España y exigió la restauración del orden constitucional. Esto último tuvo dos efectos aquí: (i) en Totonicapán, Atanasio Tzul y Lucas Aguilar se rebelaron nuevamente (ya lo habían hecho antes, en 1813) contra el cobro del Tributo, abolido por la Constitución de Cádiz, abolición que pretendía ignorar la Audiencia de Guatemala, contribuyendo a una zozobra general; y (ii) frente al prospecto de una España liberal, con Constitución, los conservadores mexicanos se decantaron por pactar con sus antiguos enemigos una “independencia conservadora”, materializada en el imperialista “Plan de las tres garantías” (independencia, ortodoxia católica y “unión” – eufemismo para significar respeto a los criollos y sus propiedades). La familia Aycinena, cuyo solapado objetivo principal era conservar el monopolio del comercio exterior en manos del “Consulado de Comercio” que el Clan controlaba, concluyó que ése era el camino a seguir, so pena de ver aquí el surgimiento de una República “para la que no estábamos preparados”. De inmediato, Mariano empezó una correspondencia clandestina con Iturbide y a preparar un “Plan pacífico de Independencia”, que a la postre uniría a Centroamérica a un independiente “Primer Imperio Mexicano”. Al principio, “le sonó la flauta”: en sus afamadas “tertulias” en la casona de su padre (en el costado sur de la plaza de armas , contiguo a la Catedral), con música y finos licores, logró concitar el interés y pasajera adhesión de toda la gama de políticos locales del momento, desde líderes liberales como Pedro Molina y los hermanos Barrundia, hasta conservadores de principios, como José Cecilio del Valle, sin dejar fuera ni al propio Presidente de turno de la Audiencia, el “corto de miras” y envejecido Gavino Gaínza, quien ingenuamente aceptó “ser cabeza” local inicial del nuevo régimen. Logró Mariano también pactar con Iturbide el envío de una “fuerza militar disuasiva” al reino guatemalense, con lo que esperaba “terminar de persuadir” a tirios y troyanos “de la fuerza de sus argumentos”...

Fue así que el 15 de septiembre de 1821 se firmó en la capital, en Cabildo abierto extraordinario, la Independencia de España, “para prevenir las consecuencias, que serían temibles, en el caso de que la declarara, de hecho, el mismo pueblo”. José Cecilio Del Valle, astuto abogado, quien redactó el Acta, pero nó la firmó, dejó asentado que aquella Independencia se proclamaba, “sin perjuicio de lo que sobre ella determine el Congreso que debe formarse”, dejando así la puerta abierta a la futura Asamblea Nacional Constituyente. Pero el “plan pacífico” siguió su marcha: sin esperar la convocatoria de la Asamblea requerida, el Clan auspició “la consulta a los Cabildos” para autorizar apresuradamente la anexión a México (y con ello a un régimen imperial, no republicano). Iturbide había logrado ya firmar la capitulación de las fuerzas españolas (el 24 de agosto) y entrado triunfalmente a la ciudad de México, “el día de su cumpleaños”, el siguiente 27 de septiembre. La anexión quedó “acordada”, por mayoría de ayuntamientos, en enero de 1822, con varias abstenciones, condiciones y dos abiertas disidencias: las de San Vicente y de San Salvador. Tras el inconcluyente asedio militar capitalino a San Salvador, Vicente Filísola, al frente de su “división protectora” iturbidista, terminó de “pacificarnos”, conforme al plan de marras. Pero Iturbide no pudo contener el impulso republicano en México y abdicó en Marzo de 1823. Eso nos condujo a la verdadera independencia, pues Filísola (quien ya había defenestrado al insulso Gaínza) se vio orillado a convocar “al Congreso” que había dejado prescrito en el Acta del 15 de Septiembre José Cecilio Del Valle, el cual la proclamó “de España, de México y de cualquier otra Nación”, el 1 de julio de 1823, que es la fecha que debiéramos celebrar. Año y pico después, tras perder, bajo ocupación militar, a Chiapas y pese a las maquinaciones de “la familia”, había nacido la muy Constitucional “República Federal Centro América”...

No permite el corto espacio de una columna periodística, entrar en más detalles. Baste decir, no obstante, que nuestro bizantino proceso independentista –que efectivamente retrasó aquí de mil maneras la construcción de auténticas estructuras republicanas- fue presagio una cultura política local caracterizada por la enorme resistencia de las élites a modernizar a nuestra sociedad, por temor a un desborde de los impulsos reformistas, que aunque tarde, de todas maneras llegan. El Clan, sus corifeos y sus adláteres, por ejemplo, no cejaron hasta ver destruída a la República y fusilado a Morazán (¡un 15 de septiembre!, de 1842). Cuando murió en 1855, Mariano de Aycinena y su sobrino-primo, el obeso clérigo/marqués, tenían frente a sí un negocio al borde de la quiebra y un país destrozado, territorialmente disminuido y dividido, junto a su buscada autocracia aldeana, sin Constitución. Y aquella terca actitud persiste, con otros actores, aún hoy: nuestras élites temen que el indispensable y ya no postergable combate a la corrupción institucional es “cosa de chairos”, pues ven aquello como la antesala de la toma del poder por entidades de inconfundible parentezco ideológico con regímenes como los que hoy ahogan a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Tales temores, si bien no carecen de algún fundamento y deben conducir a un reformismo plenamente consciente y alerta, no deben condenarnos a un inmovilismo que a la postre, es estéril y aún más peligroso que los riesgos que pretende esquivar. No vaya a ser que la reforma impostergable, como temían los aycinenistas de antaño y los de hoy, sea declarada “de hecho, por el mismo pueblo”...

"Publicado en la sección de Opinión de elPeriódico el 17 de Agosto de 2021"