“Lo primero que hay que hacer es matar a todos los abogados” – Escena II, Acto IV, segunda parte de “Enrique VI”, de William Shakespeare; cuando “el Carnicero” le sugiere a los pretendientes al Trono “cómo mejorar a la Nación”...
Medio en broma, medio en serio, pocas actividades humanas han sufrido a lo largo de los siglos de tan mala fama, como el ejercicio de la abogacía; casi tanto como “la profesión más antigua del mundo”... Cualquier persona inteligente sabe, por supuesto, que esos prejuicios comunes son casi siempre muy injustos; pues todos conocemos abogados y juristas intachables, ejemplares y probos, prestando indispensables servicios profesionales a individuos y a la comunidad. En Guatemala, además, la abogacía es la profesión más numerosa... Pero el hecho es que el sarcasmo popular es real y revelador de incontables alusiones a la insidia humana. Yo no puedo olvidar, por ejemplo, la chistosa pregunta retórica de mis tiempos del bachillerato, cuando un tercamente bromista compañero nos decía: “¿en qué se parecen los bananos a los abogados?” y él mismo se contestaba: “¡en que no hay uno recto!”. El asunto viene a cuento porque ahora el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en ejercicio de un cada vez más cuestionable privilegio corporativista constitucional, está a punto de nombrar a un inesperado Magistrado “terminal” a nuestro más alto Tribunal, la Corte de Constitucionalidad, como resultado del prematuro deceso de Bonerge Mejía. En un ejercicio comicial del que -escandalosamente, dada la precaria situación del Estado de Derecho en nuestra Patria- se abstuvieron más de cuatro de cada cinco profesionales del ramo, el gremio repartió sus preferencias, mayoritariamente, entre dos de sus agremiados ¡sindicados formalmente por el Ministerio Público de graves e incapacitantes delitos! Quienes a su vez, derrocharon favores y promesas “de hueso” y sesgos, durante sus respectivas “campañas”; cual alcaldes de aldea, nó como futuros juristas en sobrio proceso de selección por méritos. Los dos candidatos “finalistas” a tan alta magistratura, que ahora deben competir “en segunda vuelta”, además, han sido señalados expresa y públicamente por varios de sus colegas abogados de carecer de los requisitos constitucionales de capacidad, idoneidad y honradez; uno de ellos, juez, está en proceso de perder su inmunidad para establecer legalmente su responsabilidad en el caso que involucra ¡a la “comisión paralela” de Gustavo Alejos! Por lo anterior, se han enderezado acciones legales orientadas a impedir que se consume un proceso que parece querer llevar a Alí Babá a la Corte que sirve de “árbitro de última instancia” en la Nación. Pero como en esta tierra “hecha la Ley, hecha la trampa”, no queda claro si “los amparos interpuestos” lograrán impedir el cuestionado proceso o nó. Por de pronto, “la Junta Directiva de los Bananos”, se ha empeñado, llueva, truene o relampaguee, en terminar con “las formalidades” de la elección de uno de los susodichos, a pesar de los obstáculos de una resolución de Tribunal en contra...
Todo este drama, por supuesto, se inscribe dentro del contexto de desesperada toma de posiciones de las mafias que se han entronizado en el país, antes de que cobre plena fuerza el cambio de marea de las presiones internacionales que Guatemala recibirá para reiniciar el combate a la corrupción, tras el inicio de la nueva administración en los EEUU. Un forcejeo entre dos amorfas coaliciones busca revertir, de una parte, el legado del paso de la CICIG por el país; mientras la otra, busca, precariamente, rescatar lo rescatable. Punto central de dicho forcejeo es la integración de la CC, que deberá renovarse plenamente en unos meses y para la que ésta elección parcial es “un ensayo”. El tiro final del proceso es terminar de renovar a la CSJ, a destiempo pero sin las cortapisas impuestas por la anterior magistratura de la CC y así consumar la toma completa de los tres poderes del Estado por elementos afines a la cleptocracia. Una de las coaliciones en esta pugna, evidentemente, es lo que el pueblo ha dado en llamar “el pacto de corruptos”; centrado mayoritariamente en torno a varios “partidos” políticos moribundos, que en su búsqueda de supervivencia, cuentan con el cínico apoyo de círculos conservadores que aunque los saben corruptos, los consideran un “mal menor” en relación al posible “ascenso de los chairos”. La otra coalición podría caracterizarse como una incipiente “resistencia ciudadana”, encabezada por el fiscal de la FECI y apoyada por la prensa independiente y un creciente número de voces cívicas a quienes la mayoría reconoce autoridad moral...
Refiriéndose a la turbulenta “quema del último cartucho” de Donald Trump el pasado miércoles en el Capitolio de la ciudad de Washington, el expresidente George W. Busch señaló, despectivamente, que “esa era la forma en la que los resultados de una elección se disputan ‘en una república bananera’”. El término se acuñó a fines del siglo XIX por un escritor norteamericano, William Sidney Porter, quien usaba el seudónimo de “O. Henry”, en su novela “Repollos y Reyes”; referida a sus vicisitudes en la “República de Anchuria”, escrita mientras era residente en Honduras, escapando de la justicia de su país, donde había desfalcado a un banco. El término pasó a referirse después a esas naciones de básicamente dos clases, con gobiernos despóticos que aseguran que la minoría conservará su precaria prosperidad sobre la generalizada pobreza de la mayoría, como eran Guatemala y Honduras en tiempos de la United Fruit Company. Y ese es en última instancia, el resultado de permitir que las mafias corruptas se hagan de todo el poder: que una minoría corrupta asalte al erario, negando la posibilidad de progreso a las mayorías. Por eso, en cuanto vea a un abogado, pregúntele si va cumplir con su deber moral de contribuir a elegir a magistrados probos; no vaya a ser que por indiferencia o por dolo, “los bananos” nos lleven de vuelta a la “república bananera”...
"Publicado en la sección de Opinión de elPeriódico el 12 de Enero de 2021"
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