Empeñado en combatir a las mafias para-estatales que fueron tan cercanas a la administración portillista, el gobierno de Oscar Berger Perdomo retomó previos acercamientos oficiales a la ONU, para obtener apoyo en la lucha contra la corrupción en el Estado. Fue ese gobierno, el de Berger, el que terminó firmando el Convenio formal de creación de la CICIG en Diciembre del año 2,006, con un sesgo menos anti-militarista que el que había buscado originalmente “la izquierda”, que había tratado de “castigar” con dicho instrumento a los vencedores del Conflicto Armado Interno y así imposibilitar una “contrainsurgencia en tiempos de paz”. Fue hasta agosto del 2,007, no obstante, que tras “opinión consultiva favorable” de la Corte de Constitucionalidad, el Convenio con la ONU fue ratificado por el Congreso, con el nombre de “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, una consciente y desde entonces, controversial, cesión temporal de soberanía en materia de “justicia transicional”, negociada por tres administraciones seguidas y finalmente, consentida por los tres organismos de gobierno del Estado guatemalteco…
Paradójicamente, el gobierno de Berger estaba en ruta de colisión con el ente que propició, pues pronto se vio enzarzado en una sorda lucha contra la criminalidad común, que desde las cárceles dirigía actividades reñidas con la Ley y la que parecía contar con otros oscuros “auspicios”, para desesperación de gobernantes y gobernados. Esta lucha llevó a funcionarios del gobierno a crear cuerpos “de élite” policial que empezaron combatiendo exitosamente el secuestro y la extorsión, pero que pronto empezaron a situarse, ellos mismos, al borde de los límites legales. Sus cuestionables acciones se hicieron más visibles cuando el gobierno “recuperó” el control de varias cárceles, en operaciones complejas que resultaron en la muerte de varios criminales encarcelados, con el casi unánime aplauso del público. El asunto no hizo crisis sino hasta que uno de estos cuerpos policiales, aparentemente acostumbrado a la impunidad, tomó la iniciativa de asaltar a un grupo de diputados salvadoreños integrantes del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), con sede en Guatemala (para robarles una importante suma de dólares en efectivo que internaron de contrabando al país, en un vehículo terrestre). Este crimen resultó en la horrorosa muerte de los parlamentarios cuscatlecos y ocasionó la visita al país de altos funcionarios de la inteligencia policial salvadoreña, quienes rápidamente establecieron que estaban implicados cuerpos policiales guatemaltecos, por lo que exigieron a nuestras autoridades castigo legal oficial. Según Rodrigo Ávila, Director de la Policía Nacional Civil de El Salvador y entonces también futuro candidato presidencial de ARENA, esta exigencia salvadoreña ocasionó un connato de sublevación entre los cuerpos policiales de élite de Guatemala, algunos de cuyos elementos murieron asesinados poco después, a pesar de estar encarcelados bajo siete llaves en la cárcel de “El Boquerón”, “silenciados” previo a ser encausados legalmente...
Con las investigaciones de los salvadoreños se evidenció que funcionarios del gobierno guatemalteco, en sus ansias por combatir al crimen, habían creado un monstruo. Que sus agentes habían resucitado la “Ley Fuga” de tiempos de Ubico. Las evidencias “destapadas” por el gobierno de Tony Saca dieron lugar a que Guatemala fuese “retratada” como una sociedad salvaje en notas de prensa y libros (como “Crimen de Estado”, del periodista tico Lafitte Fernández) publicados y ampliamente comentados en otras partes de Centroamérica y del mundo, aunque no muy divulgados aquí. Eso es lo que la CICIG quiso desentrañar, sin mucho éxito ni mucho tino, con los casos en los que salieron absueltos de graves sindicaciones, aquí y en el exterior, Vielmann, Sperisen, Figueroa y otros más. Pero como los “ajusticiamientos” fueron varios y según la dupla MP/CICIG hay “siete hechos nuevos” que ilustran que no toda la verdad ha salido a flote, “han vuelto a la carga”; sindicando, entre otros, a nadie menos que el hasta hace unos días, Vice Ministro de Gobernación del gobierno actual. En otro país o en otras circunstancias, esta iniciativa hubiese sido aplaudida por toda la sociedad, que es natural asumir debe querer saber toda la verdad. Pero en el contexto del enfrentamiento Iván/Jimmy, en la políticamente polarizada sociedad guatemalteca, muchos conservadores chapines parecen no querer saber más. Como me dijo uno de ellos: “sólo los comunistas andan queriendo hurgar esa babosada otra vez”. Pero, nó. No “sólo los comunistas” quieren saber si van a poder andar por ahí unos policías “de élite” que sientan “tener permiso para matar”, fuera de los límites que establece la Ley. Cuando eso se permite, o cuando no se castiga, todos estamos expuestos. Como los infortunados parlamentarios salvadoreños, que según dicen, por cierto, “eran muy derechistas”…