Suprimo en esta ocasión mi usual cita histórica (con mis disculpas, Plutarco, hoy te tocaba), para expresar mi total acuerdo con la columna de ayer de Mario A. Sandoval en el matutino Prensa Libre, “Cuatro acciones diversas hacia el totalitarismo”. Es indignante la deriva autocrática que se observa actualmente en Centroamérica, como lo ilustra palpablemente el reciente “Bukelazo” en la hermana república salvadoreña. Los creyentes en las libertades democráticas y republicanas deben redoblar su atención hacia los avatares de este atribulado “estrecho dudoso”...
Una de las aseveraciones que los conservadores locales repiten con más convicción es que “la desigualdad social no importa; lo que importa es la erradicación de la pobreza”. Esto, elevado por algunos conservadores casi a la categoría de “dogma de fe”, no es cierto. La desigualdad sí importa -su disminución facilita una continua reducción de la pobreza- y el registro histórico evidencia, además, que la desigualdad extrema es catastrófica. Todas las sociedades capitalistas modernas y exitosas (piense, amable lector, en Alemania o Japón; en Canadá o Francia; en los Estados Unidos o Taiwán, o Corea del Sur; o en Israel o Noruega; por ejemplo); todas estas sociedades han hecho esfuerzos deliberados a lo largo de su Historia por reducir las desigualdades extremas y mejorar las condiciones de los socialmente más desfavorecidos, pues eso produce, en lo económico, una “demanda agregada vigorosa” y en lo político, un clima de estabilidad y consenso. Y una de las herramientas utilizadas con tales propósitos, en todas las latitudes, ha sido la construcción de un sistema de seguridad social (hablando, por cierto, de las “causas fundamentales” de nuestra emigración masiva, que anda buscando Kamala Harris) que ayude a los ciudadanos a enfrentar las contingencias vitales inevitables como el desempleo ocasional, los accidentes, la enfermedad y la vejez...
En Guatemala sólo se han registrado breves lapsos en los que nos hemos alejado, de frente, de ese paradigma conservador: entre 1829 y 1839 (con el gobierno liberal abanderado localmente por Mariano Gálvez) y en la década entre 1944 y 1954, con la “primavera democrática”; reprimidos ambos violentamente por esa astuta minoría que siempre ha querido “detener las agujas del reloj”. Dichos períodos excepcionales no carecieron de errores, excesos y hasta abusos, pero en general, representan los dos únicos esfuerzos políticos que no sólo nos hicieron avanzar contra corriente, sino que dejaron huella perdurable. En el primer caso, nos hicieron aceptar (aunque a regañadientes y sólo “del diente al labio”) que el único gobierno legítimo es un gobierno “nó de hombres, sino de leyes” (y desde entonces todos dicen buscar “legitimidad constitucional”); y en el segundo, nos heredaron, entre otros legados supervivientes de la Revolución de 1944, a nuestro aún subdesarrollado y recurrentemente esquilmado Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (“el IGSS”).
No obstante, a partir de 1956 el gobierno se negó a “seguir contribuyendo” lo que legalmente le correspondía, en el sistema tripartito de nuestra entonces aún incipiente estructura de seguridad social. Así, de facto, contraviniendo el espíritu y la letra de nuestras leyes, desde entonces el Estado guatemalteco dejó de “pagar su parte” y a partir de allí, sólo “dos patas”, los trabajadores y los empleadores, sostienen al supuesto “trípode” del IGSS. Según las propias autoridades
(ver: https://www.youtube.com/watch?v=03enma_NGoA&ab_channel=adnguatemala), en 2015, la deuda acumulada por el Estado guatemalteco ascendía a la astronómica suma de más de 30 mil millones de quetzales y actualmente, se estima en algo así como la décima parte de la producción total del país en un año, ¡más de 50 mil millones! Puede usted empezar a entender, amable lector, por qué en Guatemala, tras casi ¾ de siglo de operación, el IGSS (que para muchos ha representado, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte), no tiene ni la infraestructura, ni las medicinas, ni el personal que sería de esperar y ya no digamos pensiones decentes, que los ciudadanos de los países civilizados “dan por hecho” y que los motiva a no emigrar de su tierra...
Este problema, no obstante, “no aparece en el radar” de nuestra opinión pública. Por una parte, a los sucesivos gobiernos les ha resultado “muy conveniente” recurrir a ese “financiamiento gratis” y utilizar los recursos fiscales “ahorrados” para otros temas de su agenda. El “sector privado”, por su parte, no saca a luz el problema porque (i) sospecha, con razón, que el insoslayable cumplimiento del Estado de esta obligación, se traducirá, tarde o temprano, en un incremento de la carga impositiva que desea evitar a toda costa; (ii) porque ha intentado utilizar la eventualmente inevitable “reforma” de nuestra seguridad social, en abono a su tradicionalmente sesgada obsesión “privatizadora”; y (iii) porque, como ilustran escándalos recientes de corrupción (viene a mente el multimillonario desfalco del “Gato” Herrera y sus secuaces, por ejemplo), esto equivaldría a acrecentar “el botín” y las ambiciones de nuestros aspirantes a “hacer gobierno”. Los trabajadores y otras entidades ciudadanas, finalmente, abrumados con el día a día y por nuestra nutrida problemática, siempre han tenido “incendios” más inmediatos en los cuales enfocar su atención. No obstante, este es un tema que no podemos seguir soslayando y que va al corazón de qué tipo de sociedad queremos tener. Paradójicamente, la “Revolución del 44” tuvo frutos en la Costa Rica que surgió de su “Revolución del 48” (a la que mediante el apoyo logístico, político y militar a Pepe Figueres, contribuyó la Guatemala de Arévalo), que demuestran hoy que una sociedad menos desigual tiene más éxito en captar la inversión extranjera y el turismo, que la “aspirante a libertaria”, pero muy desigual, sociedad guatemalteca...
El asunto viene doblemente a cuento porque (1) Kamala Harris anda en busca de “soluciones de fondo” para atajar la migración chapina, y el robustecimiento de nuestra seguridad social tiene que formar parte de “la receta”; y (2) porque en las próximas semanas, el Presidente Giammattei tiene que nominar al futuro Presidente del IGSS para los próximos seis años. Sería del caso que el Presidente y la futura “cabeza” de nuestra seguridad social, le informaran a la ciudadanía cuál va a ser ahora la política de esta pieza clave de la estructura social guatemalteca. Creo el tema amerita un amplio debate público en el que se pronuncien desde nuestros sesudos “tanques de pensamiento”, hasta las universidades, las entidades de gobierno, los “aspirantes a liderar el país”, los trabajadores y empleadores y sin excusa, nuestros “bizneros” diputados. Dos tercios de siglo de incumplimientos del gobierno, sin embargo, no serán fáciles de subsanar. Adelanto que una emisión de bonos del Estado a muy largo plazo, con tasa de interés indexada a algún referente internacional, para ser “descontados” por el IGSS de manera programada y con destino a mejorar transparentemente la infraestructura, los servicios y las pensiones del país, parece ser la única solución aceptable; que bien ejecutada, podría constituirse, además, en fuerte estímulo para nuestro crecimiento económico. Además del estricto cumplimiento de las obligaciones legales del gobierno de aquí en adelante. Seguir “haciéndose brocha” y escondiendo esta basura “bajo la alfombra” de nuestra supuestamente maravillosa “estabilidad macroeconómica” ya no es opción. Tenemos que entender que una menor inequidad social es “buen negocio”. Claro, todo esto requiere que la corrupción generalizada que caracteriza a nuestra actual cleptocracia, debe ser, concurrentemente, erradicada. No podemos seguir manteniendo al IGSS como atractiva carroña para nuestras abundantes “aves de rapiña”. Y que no lo asusten “con el petate del muerto” diciéndole que esto “es comunismo”. Al contrario, una sensata política social es el tipo de recurso inteligente que aleja a las mayorías menos favorecidas de sucumbir a los cantos de sirena de los políticos radicales, que siempre andan al acecho para tratar de explotar nuestra comprensible y generalizada insatisfacción social...
CAMINO A LA HAYA: En los párrafos introductorios de la Carta Constitutiva de la Mancomunidad Británica de Naciones, encabezada por la Reina Isabel II, se encuentra esta frase: “...la Mancomunidad es una asociación voluntaria de Estados independientes e igualmente soberanos... cooperando en sus intereses comunes...”. El Artículo 31.5 del Estatuto de la CIJ, por otra parte, reza: “Si hubiesen varias partes con un interés común, serán... reconocidas como una sola parte...”. El Artículo 24.2, por otra parte, dice: “Si el Presidente (de la CIJ) considera que por alguna razón especial alguno de los miembros de la Corte no debiera integrarla, le hará la notificación respectiva”. El 24.3: “Si en tal caso el miembro... y el Presidente no están de acuerdo, el asunto será dirimido por la Corte (en pleno)”. Finalmente, el 25.3, establece: “Un quórum de nueve jueces será suficiente para constituir la Corte”. Todo esto quiere decir que a pesar de que el nefasto e inconstitucional “Acuerdo Especial” firmado por el gobierno de Álvaro Colom y “refrendado” con la engañosa “Consulta Popular” del incompetente gobierno de Jimmy Morales (en la que no votaron cuatro de cada cinco electores) “olvidó” que se garantizara la imparcialidad hacia Guatemala en la integración del Tribunal que conocerá nuestro caso, hay sustento legal para procurar dicha imparcialidad y lograrla. El primer objetivo del recurso de “Amicus Curiae”, en preparación, será que se excluyan de conocer el caso en la CIJ, aquellos magistrados que provengan de países de la mencionada Mancomunidad; actualmente, cuatro de los quince...
"Publicado en la sección de Opinión de elPeriódico el 4 de Mayo de 2021"