Buscar
  • Ciudadano Toriello

Imaginemos que ARDE la desesperanza

A través de sus respectivas “piezas” en el Legislativo, en las Cortes y en otras instituciones clave, Zandra y Sury han tenido en jaque a Timo Chenko, tanto como él a ellas. Por eso “el doctor sin pacientes”, que no las ha podido someter plenamente a sus designios, constantemente las amenaza y pretende zamparnos a “Suguelito” –“comprando” el voto que sea necesario con el dinero robado a los contribuyentes- en el próximo Congreso. Su idea es utilizar una fórmula similar a la de ellas, contra la que finalmente quede, en la próxima administración; por ese feo pero inevitable asunto de las temidas traiciones y/o extradiciones... Pero con todo y sus malquerencias, “las tres divas” hoy comparten un interés común: dividir toda oposición genuina al corrupto régimen, para confinar las vías de acceso al poder. Nada mejor, entonces, que autorizar otros cien candidatos. Así que sólo queda, ciudadano, generar “un tsunami” de votos del 70%, en torno a una agenda que pueda aglutinar a los moderados, tanto a quienes estén a la izquierda como a la derecha del centro, excluyendo a los extremos. Ese es el propósito de la Agenda de cinco puntos que promueven los amantes de la Auténtica República Democrática, ARDE.


El 20 de mayo de 1862, en plena guerra civil, el Presidente Abraham Lincoln ratificó con su firma una de las leyes más trascendentales en la Historia de los EEUU: la conocida como el “Homestead Act” original, que concedía en propiedad 160 acres (65 hectáreas) de terrenos baldíos estatales, a cualquier jefe de familia (o soltero mayor de 21 años) que estuviera dispuesto a construir una casa y trabajar directamente la tierra concedida, durante cinco años. El decreto, que llevaba más de quince años en discusión, había sido efectivamente “bloqueado” por los oligarcas sureños en un Congreso en el que ya desde entonces, los ultra-conservadores estaban sobre-representados en relación a su peso demográfico. La agenda sureña pretendía que “el Oeste” (fundamentalmente las despobladas tierras arrebatadas a México tras la guerra de 1848) fuera “subastado al mejor postor” (en grandes lotes apropiados para desarrollos agroindustriales), y en los que se permitiera el uso de mano de obra esclava, para su explotación económica. Al desatarse la Guerra Civil (1861-1865), entre otras razones por la misma controversia que dio origen a la Legislación mencionada, la mayoría de representantes de la agenda sureña en el Senado y en la Cámara Baja del Congreso Federal, abandonó sus curules y con ello, su efectiva oposición. Así, Lincoln logró que el decreto “pasara” en ambas cámaras del Congreso Federal, haciendo posible una dotación patrimonial irresistible para las masas desposeídas no sólo de los EEUU, sino también para las de otros países europeos que sufrían de guerras, revoluciones y hambrunas en esa época y que emigraron, por cientos de miles, al “país de las oportunidades”. El decreto, con modificaciones y ampliaciones, estuvo vigente por más de un siglo, adjudicó un área aproximadamente equivalente al 10% del territorio total de esa nación y benefició directamente a más de un millón seiscientas mil familias, lo que para finales del siglo XIX, implicaba “haber tocado las vidas” de una de cada seis familias norteamericanas. En el país que gobernó Lincoln, siete de cada diez norteamericanos eran población rural que gastaba más de la mitad de sus ingresos en alimentarse, sólo uno de cada diez tenía iluminación nocturna que fuera más allá de una candela, e igual pequeña proporción tenía educación secundaria; la mortalidad infantil era de 176 por cada mil nacidos vivos y la esperanza de vida, 45 años. Una generación después del “Homestead Act” de 1862, en ese mismo país, una enorme masa de nuevos consumidores dinamizaba su comercio y estimulaba a su industria hasta desplazar la primacía de los europeos en los textiles, la siderurgia y el desarrollo de las entonces novedosas tecnologías de los motores de combustión interna y de la electricidad, generando un enorme “efecto multiplicador” para la prosperidad generalizada también de las ciudades y de ambas costas. El primer país moderno de gran clase media -y con ello una nueva gran potencia- había irrumpido en el escenario socio-económico y político mundial...


Abraham Lincoln fue un leñador autodidacta que estudió “el primer milagro económico del mundo” a través de la lectura de la “Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano” del famoso historiador Edward Gibbon (1737-1794). El abogado y legislador de Illinois, vuelto estadista, luego aplicó sus conclusiones sobre los beneficios de crear una amplia masa de pequeños propietarios a la promulgación de la legislación referida y pagó con su vida -murió asesinado en 1865- su audacia (ésa de andar “alebrestando a los negros”). Tras sangrienta guerra civil, los EEUU dotaron patrimonialmente con tierra en propiedad privada a su población desposeída (incluyendo a un pequeño número de madres solteras y esclavos liberados), lo cual precedió a su explosiva industrialización subsecuente. Las fórmulas de Lincoln fueron, años más tarde -después de la victoria de los EEUU en la Segunda Guerra Mundial- replicadas por Douglas MacArthur en Japón, Corea del Sur y Taiwán, con resultados socioeconómicos que aún hoy asombran al mundo. Algo similar pasó en los países europeos que estuvieron del lado ganador en las últimas guerras mundiales, pues dichos países efectivamente desmantelaron sus resabios feudales a partir de las revoluciones de 1848 en ese Continente. Tristemente, no ha sido ese el caso en América Latina. En Guatemala, la oportunidad de hacer una República incluyente -cuando la tierra sin dueño era aún relativamente abundante- se desaprovechó en 1821, en 1871 y nuevamente -con la “colaboración” de la UFCO y la CIA- en 1954. Lograr hoy una amplia dotación patrimonial por la vía del reparto agrario ya resulta aritméticamente imposible, técnicamente regresivo y políticamente inviable. No obstante, hoy una dotación patrimonial masiva -que aquí sería todavía tardíamente fundacional- aún puede lograrse por vías distintas a la del reparto agrario. Es fácil visualizarlo con sólo imaginar el tipo de sociedad que hoy seríamos si cuando se privatizó GUATEL, el INDE y EEGSA y la carretera Palín-Escuintla, por ejemplo, hubiese existido una Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana que exigiera que el 49% de cualquier activo estatal enajenado -por cualquier medio- se asignara directamente, por vía de acciones, a todos los ciudadanos. Un grueso número de guatemaltecos sería “accionista” de las telefónicas, de la mencionada “carretera de peaje” y de la producción y distribución de electricidad. Aún aquellos que hubiesen decidido vender sus acciones habrían recibido un estímulo económico directo -con efectos multiplicadores a través de la “demanda agregada”- y en el proceso de vender sus acciones le habrían dado vida a un aún hoy inexistente mercado local de capitales. Si las concesiones para hacer carreteras de peaje sobre activos públicos, o para explotar minas o el petróleo de nuestro subsuelo, se hubiesen sometido a ese mismo régimen, la discusión pública acerca de dichos temas sería hoy más racional, centrada en cómo mitigar sus inevitables riesgos y en asegurar una adecuada tributación al Estado, más que en las emocionales diatribas que hoy se registran y que están realmente motivadas por la difundida percepción de que los beneficios de tal riqueza de la República están injustamente adjudicados a pequeños grupos cercanos al poder, marginando a las mayorías de un común “Proyecto de Nación”...


Todo el asunto viene a cuento para ilustrar nuevamente que los países que hoy consideramos “del primer mundo” (la Europa Occidental, Norteamérica y Japón, originalmente), deben al menos parte de su éxito a que empezaron desde hace más de siglo y pico a tomar medidas destinadas a crear sociedades menos desiguales. Para lograrlo, recurrieron esencialmente a tres fórmulas, sin extinguir el indispensable incentivo de lucro para los emprendedores: (i) dotaciones patrimoniales masivas (típicamente de tierras, como los Homestead Acts que inició Lincoln), para gestar una masa crítica de pequeños propietarios; (ii) compensadores sociales, como los seguros y subsidios que inició en versión moderna Bismark, en Alemania, dejando mayor disponibilidad del ingreso del trabajador para el consumo; y (iii) gran generación de empleo, para que por la vía de la competencia por mano de obra, subiera el ingreso bruto de los trabajadores/consumidores. Estas medidas no sólo aceleraron el consumo y con ello el crecimiento económico, sino que contribuyeron significativamente a una armónica convivencia social. Los países desarrollados, hoy con apoyos sociales “de la cuna a la tumba” para la mayoría, son naturalmente más pacíficos y seguros que los que seguimos aherrojados a un terco y socialmente muy desigual subdesarrollo. A estas alturas del siglo XXI, el asunto debería resultar obvio, pero aquí es útil ser reiterativos, en razón de que aún hoy tenemos expositores “serios” que insisten en que “la desigualdad no importa”. Y repito que no es que este escribiente abogue por una quimérica e imposible “igualdad social”. Abogo, repito de nuevo, por una reducción de las abismales desigualdades que hacen de nuestro país, no sólo un bochornoso referente de hitos estadísticos socialmente negativos, sino una sociedad desasosegada, proclive al conflicto y a la inestabilidad, de mercados débiles e inelásticos. Por eso, una Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana debe formar parte de la Agenda Política Mínima que adopte el movimiento que expulse a la Cleptocracia del poder...


Para ello, en ARDE creemos necesario que varios actores políticos legítimos se comprometan públicamente a una Agenda política mínima de cinco puntos: (1) El drástico desmantelamiento de la Cleptocracia, primera prioridad; (2) La universalización de la seguridad social, para encaminarnos a la “república de todos los ciudadanos; (3) El inicio de un capitalismo popular e incluyente, mediante la promulgación de una Ley de Dotación Patrimonial ciudadana (LDPC); (4) La activación de un nuevo “motor económico” nacional, mediante el cese al sabotaje del Corredor Interoceánico de Guatemala; y (5) El inicio del largo y consensuado proceso de diálogo que conduzca a la restauración de la República Federal de Centroamérica, nuestro inexorable destino. La parte medular de la LDPC estipularía lo siguiente: “El gobierno del Estado de Guatemala no podrá enajenar por cualquier medio, incluyendo la aportación, la venta, la concesión temporal, la renta indefinida o a término o por cualesquiera otros medios que impliquen la cesión de derechos soberanos sobre activos republicanos... si dicha enajenación no se materializa con la simultánea cesión... del cuarentinueve porciento (49%) de tales activos, directamente, a todos los ciudadanos adultos de la República que así lo soliciten, durante los tres años siguientes al acto de enajenación.”


El futuro aún puede ser nuestro, ciudadano, si no nos lo dejamos arrebatar. La estructura informal de liderazgo de la sociedad se debe involucrar en el desarrollo del próximo evento electoral, para devolverle al pueblo la esperanza. Vienen tiempos de definiciones, la Patria llama. Permítame seguir creyendo que usted sí responderá...


"Publicado en la sección de Opinión de elPeriódico el 26 de Julio de 2022"

252 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo