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  • Foto del escritorCiudadano Toriello

Guatemala y la cita con su destino

“El destino no es cuestión de suerte, es cuestión de voluntad; no es algo que debemos esperar que nos suceda, sino algo que tenemos que luchar por hacer realidad.” – William Jennings Bryan, controversial político norteamericano (1860-1925).


En un enigmático fenómeno que futuros historiadores se entretendrán mucho en tratar de descifrar, una astuta fracción del electorado guatemalteco, superando candados institucionales y otras trampas sistémicas, logró “colar” un sorpresivo desafío real al nefasto régimen imperante, el pasado 25 de junio. Remontado ese primer escollo, el pueblo reconoció instintivamente la inesperada oportunidad y cerró filas -¡viva Arévalo!- en torno a esa esperanza concreta en un futuro mejor, en el “balotaje” del 20 de agosto. El resultado pinta una nueva correlación de fuerzas políticas de manera clara: hoy Guatemala está dividida entre una amplia mayoría que quiere que entremos, con dos siglos de retraso, a la modernidad de la auténtica república democrática y una minoría perdedora, con todo y su inestable y confundida “clientela cautiva”, que no quiere que las cosas cambien. Los primeros están constituidos por una amplia gama de ciudadanos, de distintos estratos sociales, de variada edad e ideología y de distintas regiones nacionales, cansados de nuestro atraso, hartos de tanta corrupción y promesas rotas y también de que tras dos siglos de gobiernos predominantemente muy conservadores, sigamos teniendo algunos de los indicadores sociales más desgarradores y vergonzosos del Continente. Los segundos están constituidos, principalmente, por tres sub-conjuntos muy diferenciados: (i) los grupúsculos de operadores y beneficiarios directos de la narco-cleptocracia que nos ha estado mal gobernando; (ii) grupos de ciudadanos desposeídos, fundamentalmente, “acarreados” rurales, que por haber sido mantenidos -deliberadamente o nó- sin escolaridad, sin comunicaciones modernas y en una vejatoria pobreza innecesaria, son más suceptibles a los engaños, a las vergonzosas dádivas interesadas y al miedo a rebelarse contra los cacicazgos de aldea, concentrados en los cordones geográficos mayormente afectados por la pobreza aguda y el narcotráfico; y finalmente, (iii) “la mayoría de la minoría”, un grueso porcentaje de nuestras asustadizas clases alta y media (honrosa excepción hecha de la que algunos llaman “la burguesía esclarecida”) que torpemente cree que su cómodo mundillo está por derrumbarse, con el arribo al Guacamolón de supuestos “chairos”. Tres de cada cinco electores -más urbanos, más jóvenes y más educados que sus opositores promedio- están con el cambio y de los que votaron por la continuidad del régimen, al menos dos terceras partes son fruto de la inevitablemente efímera manipulación de la ignorancia y la indigencia. No obstante, “triunfó el abstencionismo” se atreven a decir algunos ridículos malos perdedores, desconociendo que “quien calla, otorga” y que como dijo Thomas Jefferson, “la democracia republicana no es el gobierno del pueblo, sino el gobierno del pueblo que sale a votar”.


En una república funcional, esta clarísima manifestación de la voluntad popular sería inobjetable y conducente a una normal y pacífica transmisión del poder. Pero en la Guatemala de hoy, el puñado de obcecados, altaneros e insensatos rufianes que nos mal gobiernan, preso del síndrome de quien “no quiere pagar los elotes que se comió”, nos conduce, “en cámara lenta”, a un aparatoso “choque de trenes” institucional, sólo aplaudido por el mercenario y ridículo coro fascistoide que siempre “les hace la upa”. Siendo que el Presidente electo será inevitable prisionero de sus frescas promesas públicas de implacable ataque a la corrupción, buena parte de quienes hoy son temporales depositarios de la autoridad formal (y otros que medran a su sombra), ven aterrorizados un horizonte que les augura procesos judiciales, pérdida de muy redituables negocios, confiscación de fortunas mal habidas y en no pocos casos, hasta penas carcelarias o vida de prófugos. Sin encontrar, tampoco, camino fácil a un oportuno exilio dorado y envalentonados por sus actuales posiciones de poder y por el espejismo de un vaporoso apoyo ideológico “anticomunista”, conspiran para impedir la consumación de ese inexorable futuro. Buscando su propia impunidad, invocan una “legalidad” francamente ilegítima y aducen que el partido Semilla “nunca nació a la vida jurídica”, por supuestas irregularidades en su proceso de inscripción, para así dizque cerrarle el paso al inminente nuevo gobernante y a la concomitante persecusión penal que ven venir. Ignorando que el registro de Semilla fue analizado y resuelto por autoridad competente en su momento -¡hace más de cuatro años y ya habiendo “causado estado”!- y sin permitirle a la entidad sindicada el elemental derecho de ser previamente “oída y vencida en juicio”, un venal juecesito de alquiler, excediendo su jurisdicción y facultades, emitió ilegal sentencia para “sacar del juego” -de manera ya absurdamente extemporánea- al partido ganador de las elecciones. Enredados en sus propios mecates, sin embargo, por interpretación de una veleidosa Corte de Constitucionalidad, no pueden materializar la “orden de juez” en tanto continúe -formalmente, hasta el 31 de Octubre- “el período eleccionario”, sin violar flagrantemente esa misma legalidad que dicen defender. Pero más allá de esa fecha y antes del próximo 14 de enero, amenazan abortar la transmisión del mando con esta dizque “lucha por la legalidad”. A esta amenaza añaden inverosímiles sindicaciones de fraude, que en todo caso deberían enderezarse contra el propio régimen, para aclarar el caso de la Municipalidad de Guatemala y los de varias diputaciones y alcaldías “del cordón geográfico de la indigencia” (en donde sí caben dudas razonables), y no de manera increíble contra la ampliamente vigilada pasada contienda por la elección presidencial, que ya es, protegida por la ley de los grandes números, cosa vista y juzgada.


En “otros tiempos”, no tan lejanos, esta obcecación por imponer la voluntad de la minoría en el poder a la mayoría gobernada, ya se habría intentado conducir, más firmemente, hacia un golpe de Estado militar. Pero hoy las circunstancias son otras: (i) En primer lugar, el control de la opinión pública ya no es cuestión de silenciar a cuatro o cinco amedrentables dueños de medios de comunicación social; hoy, la tecnología de redes ya rompió esos candados y el pueblo ya sabe lo que quiere, lo que merece y cómo expresarlo públicamente; (ii) Tampoco hay simpatía en “el Norte”, por más que se trate de disfrazar el asunto como una acción para “contener la expansión del comunismo”; de hecho, hay hostilidad diplomática hacia la actitud del régimen, extensiva a quienes supervisan las cadenas de futuro suministro de cruciales insumos castrenses; y (iii) El Ejército de Guatemala está hoy en manos de una oficialidad que mayoritariamente no vivió el conflicto armado interno, que ya se formó académicamente a nivel universitario y que además responde a directrices institucionales que desde 1985 enfatizan formalmente el rol de la institución armada como garante del orden constitucional, y que viven en entornos familiares y sociales crecientemente afines al fenómeno renovador. Ergo, la inevitable insistencia del régimen en el “golpe de Estado técnico”, apoyado en su profunda penetración del actual y del futuro Congreso y en la podredumbre de las Cortes que ese mismo corrupto organismo legislativo nos ha recetado. Así que mientras se insista sórdidamente en amenzar con abortar la transmisión del mando, seguimos en camino a la colisión de trenes institucional. En última instancia, no obstante, la cadena de mando del régimen termina en las fuerzas de coerción del Estado y ahí la legitimidad de las autoridades y la validez ética de sus instrucciones debe ser interpretada por los ciudadanos que estén en servicio activo al final de la cadena. Es a éstos a quienes la esperanza “de una nueva primavera” debiera persuadirlos de la necesidad de “ponerse del lado” de las leyes naturales y de la correcta interpretación del espíritu de nuestro Pacto Social, que de manera esencial incluye el principio básico de que los gobernantes gobiernan legítimamente, sólo con la expresa anuencia de los gobernados, expresada en las urnas. Refrescar las lecciones históricas acerca de lo que pasa cuando gobernantes aferrados a las mieles del poder le piden a las fuerzas del orden reprimir a su propio pueblo, debiera disuadir a los insensatos gobernantes actuales, de ¡contemplar siquiera! tal opción.


Guatemala tiene una Historia de oportunidades perdidas. Cuando el proceso iniciado en 1821 nos ofreció por vez primera alcanzar la República de todos los ciudadanos, el pensamiento ultra-conservador nos llevó por la fuerza, sucesivamente, a un régimen imperial mortecino, al fraude electoral y a las guerras civiles; al empequeñecimiento territorial y a la dictadura vitalicia, sin Constitución, con tal de preservar los privilegios de una decadente oligarquía agro-exportadora. Cuando en 1871, tras insurrección armada, se nos concedió, finalmente, Constitución, los allegados al poder pervirtieron al régimen de propiedad privada, creando al Estado latifundista y a su concomitante mayoría de siervos. Esa república, cafetalera, primero, y bananera, después, pese a la hipócrita adopción de un lenguaje “liberal” y de superficiales fórmulas republicanas, nos negó en la práctica, otra vez, la República de todos los ciudadanos, hasta que llegó la Revolución de Octubre de 1944. Contra ello, la virulenta reacción ultra-conservadora no encontró más remedio que el rompimiento del hilo constitucional, en 1954. Aquella tragedia, que abortó el desarrollo de la “primera primavera”, nos condujo, sucesivamente, al conflicto armado interno, a las dictaduras militares y tras 1985, a la actual “democracia de fachada”. No podemos, entonces, desperdiciar esta nueva oportunidad. La explosión cívica que se inició en el 2015, no puede ser nuevamente traicionada en el 2023. Si es preciso, el pueblo debe tomar las calles, iniciar la desobediencia civil, negarle al gobierno los ingresos tributarios y prepararse para resistir este insensato asalto a la República de todos los ciudadanos, que está por venir.


No está en las cartas encaminarnos a ser una nueva Venezuela, ciudadano, que no le cuenten cuentos. Lo que está en juego es impedir que nos conviertan en un nuevo Haití. Buscamos una república auténticamente democrática, en la que verdaderos partidos políticos representen a las verdaderas corrientes de opinión que se gestan en el seno del electorado. Liberales, conservadores y social-demócratas, en abierta competencia democrática, conforme a sus pesos reales en la sociedad. Sin darle pábulo desproporcionado a los minúsculos fanáticos de ambos extremos del espectro político. Tenemos que reformar la forma en que elegimos a nuestros diputados y a los magistrados de las cortes, aunque las mafias actualmente enquistadas en la institucionalidad no lo quieran. Y ese futuro está hoy, “a la vuelta de la esquina”. Por eso hemos elegido a Bernardo Arévalo como Presidente. Por eso flota en el ambiente una creciente esperanza cívica en un futuro mejor. Por eso, esta vez, no podemos dejar que nuevamente intenten arrebatarnos las riendas de nuestro propio destino...

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