“Hay una justicia esencial que cohesiona a la sociedad y una sola ley que establece esa justicia. Esa ley es la de la razón correcta, la que le da su verdadera validez a todos los mandatos y a todas las prohibiciones. Quienquiera ignore esa ley, esté escrita o nó, necesariamente se torna injusto y perverso.“ – Marco Tulio Cicerón, ‘Padre del concepto de la Ley Natural’, S.I a.d.C.
La correcta Administración de Justicia es parte esencial de la construcción de una República exitosa. Hace rato que Guatemala anda tropezando en la búsqueda de la fórmula apropiada, sin lograrlo. En 1,831, por ejemplo, el Jefe de Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, propuso la introducción a estas tierras de los “juicios por jurados”, calcada su propuesta en el sistema adoptado por el Estado de Luisiana, en los entonces recién estrenados Estados Unidos; los llamados, en honor a su autor, “códigos de Livingston”. Razonaba don Mariano que en consonancia con el exitoso desempeño de la jurisprudencia anglosajona, nada mejor que un grupo de ciudadanos de a pie seleccionados para emitir juicio legal acerca de la culpabilidad o inocencia de cualquier acusado, ante un Tribunal del Estado. La propuesta de inmediato provocó la airada oposición de las clases pudientes de Guatemala, temerosas de que sus más caros intereses “se pusieran, legalmente, a merced de grupos de campesinos resentidos y analfabetas”. Aunque se esgrimieron otras razones como la propuesta del matrimonio civil y el divorcio (¡¿cómo es eso de que ahora el gobierno de Gálvez “pueda casar y descasar”?!), la educación laica (¡gobierno hereje!) y el odiado tributo (¡¿para qué nos independizamos, pues?!), la razón de fondo para que los conservadores se opusieran de manera visceral al peligroso gobierno de Gálvez, fue “su forma de buscar justicia”. Se enlistó la ayuda de la Curia, que frente a expropiaciones gubernamentales de algunos de sus inmuebles y la pérdida de otros privilegios, pronto encendió la ira de las masas en contra “de ese gobierno enfebrecido que nos traerá el castigo de Dios”. Se acusó desde los púlpitos al gobierno de “envenenar las aguas” (porque Gálvez, hombre ilustrado, había enviado a piquetes sanitarios a verter pequeñas dosis de sulfato de potasio en las tomas de agua, como medio para prevenir la propagación del ‘cólera morbus’, epidemia que había entrado a Guatemala por la ruta que venía de los puertos). Delegados sanitarios del gobierno fueron obligados a beberse las botellas del remedio –que sólo debía aplicarse en pequeñas dosis al agua, con propósitos antisépticos- y naturalmente, morían en el acto una muerte espantosa, “probando” que el gobierno estaba envenenando las aguas… Grupos rebeldes antigobiernistas surgieron espontáneamente “en la montaña”, normalmente apoyados por el cura del lugar y los tiros sustituyeron a los argumentos. Finalmente, las encopetadas familias Aycinena, Pavón, Delgado, Urruela, Batres y Beltranena, entre otras, “entraron en santa alianza” nada menos que con “el indio Carrera”, para sacar “a sombrerazos” del poder “al partido fiebre”. Cuando terminó el entuerto, habían ganado “los cachurecos” y ya no había República Federal. Tampoco habría juicios por jurados ¡caramba! Ahora sería “la justicia del Tata”, señores. Y así entramos a la apacible “noche de los treinta años”…
El asunto viene a cuento porque ahora, tras la partida de la CICIG “y su forma de buscar justicia”, estamos por “renovar”, conforme a un deficiente diseño constitucional, a nuestras más altas Cortes; esto, conforme a un concurso quinquenal alérgico, en la práctica, a la meritocracia jurisprudencial. Uno de los tres poderes del Estado, esencial para mantener los equilibrios republicanos, debe pasar por su trauma quinquenal y definir el carácter de nuestra “justicia” para los próximos cinco años. Ojo, ciudadano: ¿queremos repetir aquel proceso que según la sindicada Baldetti “se resolvió en torno a una cama de hotel”? Recuerde: no importa que las mafias no hayan podido conservar plenamente el poder Ejecutivo, o que la nueva Legislatura se haya renovado parcialmente y se sienta vigilada por la ciudadanía; el peligro es que la actual Legislatura, esa que ya ha dado abundantes muestras de sus inclinaciones mafiosas y antipopulares, pretende heredarnos “su justicia” para los próximos cinco años. Por eso la agenda ciudadana debe incluir el agotamiento de todos los procedimientos legales que nuestras leyes permitan, para objetar procesos que están viciados de inicio: desde universidades de garage creadas para obtener puestos en las “comisiones de postulación”, hasta obvios conflictos de interés (“votás por mí y yo voto por vos”) y en general, la observancia de las formas en vez del fondo cuando de juzgar la capacidad, la honestidad y la idoneidad, se trata. Y si el cuero de los actuales diputados hace de todos los esfuerzos ciudadanos algo insuficiente, debemos pedirle a la nueva Legislatura que tome cartas en el asunto, pues no hay plazos fatales, si los requisitos esenciales no se han cumplido. No debemos cejar en exigir nuestro derecho a tener en cada magistratura a un “justo Juez”…
Guatemala tiene dos problemas principales, interrelacionados: la falta de justicia que propicia la corrupción y la terca pobreza que atenaza a sus mayorías. Empecemos por oponernos a este remedo de “renovación” de nuestras altas Cortes con todos los medios legales al alcance de la ciudadanía, para que sea la nueva Legislatura la que finalmente resuelva el tema, conforme al espíritu de nuestras leyes. No podemos seguir siendo una sociedad en la que la mayoría está marginada de la justicia y de la prosperidad. No olvide, ciudadano: si no lo hacemos, dentro de cuatro años volveremos a las angustias de que más tarde o más temprano, algún “pico de oro” (que para nuestra suerte en esta última elección no existió), pueda sacar a las mayorías de su apatía y de su abstencionismo y seduciéndolas, nos lleve a otra versión latinoamericana de un fallido, pero por nuestras falencias, tercamente recurrente “chavismo”…
"Publicado en la sección de Opinión de elPeriodico el 10 de septiembre 2019"