El pdc busca un enfrentamiento más caliente

Guatemala transita, erráticamente, de la ‘democracia de fachada’ hacia la Oclocracia, el gobierno de los peores. Hay que detener esa marcha y la supervivencia del gobierno de Arévalo es la clave.

He aseverado varias veces en este espacio que Guatemala, desde 1821, padece bajo un “régimen anciano”, sólo realmente interrumpido -de manera temporal- entre 1829 y 1839 y entre 1944 y 1954; y el cual ha impedido nuestra superación definitiva de la pesada herencia semi-feudal que heredamos de la Colonia.  A diferencia del primer mundo, en el que se construyeron auténticas repúblicas democráticas a partir de finales del siglo XVIII,  con liberales, conservadores y social demócratas alternándose más o menos pacíficamente en el ejercicio del poder, en la América Latina nuestras astutas oligarquías aprendieron a preservar la esencia de sus sociedades elitistas; adoptando del diente al labio las fórmulas liberales cuya adopción legal no pudieron impedir políticamente, pero que torpedearon eficazmente en la práctica.  Por eso, aunque con importantes diferencias de grado y algunas escasas excepciones,  la América Latina continúa siendo una de las regiones socialmente más desiguales del mundo y por ello, proclive a la inestabilidad política y a los extremismos estériles. Por eso oscilamos entre las dictaduras y las revoluciones; entre la anarquía y la tiranía; entre la típica extrema derecha y la ocasional extrema izquierda; ambas, estas últimas, soluciones impostoras que nos mantienen aherrojados al subdesarrollo. Guatemala es un caso muy agudo dentro del contexto latinoamericano: seguimos siendo, tras dos siglos de vida “independiente”, uno de los países con los peores indicadores sociales del continente... y del mundo.  Por eso es que somos una sociedad polarizada y subyacentemente inquieta; una que, aparentemente, nunca termina de “despegar”.

En el primer mundo, en los últimos dos siglos y pico, el proceso político condujo a la creación, desarrollo y solidificación de amplias clases medias, mediante la utilización de tres mecanismos principales: (i) la creación de una red de satisfactores sociales básicos que le dio a las mayorías acceso razonable al techo, la salud, la educación y la esperanza de futuro (como empezó a hacer Bismark en la Alemania del S.XIX); (ii) la creación artificial y deliberada de una amplia clase de pequeños propietarios, mediante dotaciones patrimoniales fundacionales (como hizo Lincoln con los “Homestead Acts”, en los EEUU post Guerra Civil, que le dieron tierra al grueso de sus desposeídos); y (iii) la creación de condiciones para la gran inversión (como hizo Japón, con el apoyo estatal a la creación de una industria naviera y siderúrgica, tras la llamada “restauración Meiji”).  Estos mecanismos de auténtico desarrollo socio-económico conllevan, por supuesto, políticas fiscales (cómo dotar de ingresos -tributarios o prestados- al Estado y cómo gastarse juiciosamente esos fondos públicos) y regulatorias (la adopción de la jornada laboral ordinaria de ocho horas y otras garantías laborales, como el ejemplo más relevante); éstas se gestan mejor en el auténtico debate democrático, pero en Guatemala históricamente han sido objeto de férrea oposición de parte de unas élites miopes.  La astuta y camaleónica oligarquía guatemalteca, en ese contexto, adoptó un sistema pragmático de imponer su voluntad retardataria, pese a su impopularidad, desde que en tiempos de la Independencia el Clan Aycinena subsidió la insurrección de Carrera; para preservar su virtual monopolio del comercio exterior, a cambio de permitirle a él y a sus secuaces, hacerse ricos,  ilegalmente, a la sombra del poder.  Este régimen anciano, pese a largos períodos de estabilidad, entra inexorablemente en crisis, conforme sus guardaespaldas “se le suben encima” a la oligarquía que los habilitó (que fue lo que condujo a nuestra falsa “revolución liberal” del S.XIX, por cierto) y ahora, por múltiples razones, este fenómeno de agotamiento está ocurriendo otra vez...

El régimen anciano se ha mantenido últimamente en Guatemala sobre la base de un sistema político sin verdaderos partidos políticos.  El concepto es dar la apariencia de democracia formal, pero vaciada de contenido real: una “democracia” en la que se trata de impedir el surgimiento de liderazgos auténticos, que representen las verdaderas agendas de cambio hacia la modernidad que el electorado desea.  En ese sistema, se ha limitado el auténtico debate público, se ponen trabas y requisitos que permiten descalificar propuestas incómodas antes de permitirles competir en el proceso electoral periódico y como consecuencia, se imponen fórmulas políticas inmovilistas a base de una combinación de ignorancia provocada y caro mercadeo intenso.  Para que obtener el poder sea cuestión de pisto; de mucho pisto. Los operadores políticos son “líderes de alquiler”, dueños de “vehículos electorales” ofertados al mejor postor, cuyo objetivo fundamental es hacerse ricos a la sombra del poder. Y el sistema se protege de manera adicional mediante el amañado sistema de “elección” de “representantes” -de listados de ‘listos’ mayormente anónimos- que no representan al pueblo y jueces y magistrados incentivados a venderse también al mejor postor. Algo que sólo puede corregirse con una profunda reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y de la Ley del Organismo Judicial (LOJ), que los actuales diputados no harán.  Pese a ello, ese sistema acaba de fallarle al anciano régimen: en las elecciones del 2023, se “les coló” un candidato “no-programado” a la segunda vuelta y el cuento aquel de obligarnos a elegir “al menos pior”, ya no resultó, para la elección del Presidente del Organismo Ejecutivo.  Sí les “alcanzó” para mantener su control de los otros dos organismos del Estado, y desde allí sabotean al nuevo Ejecutivo, pero varios factores los tienen en aguda crisis:  (i) perdieron, con la internet, el control de la opinión pública; (ii) perdieron, también, el tradicional apoyo del Tío Sam, que antes -en búsqueda de una elusiva estabilidad institucional- les proporcionó inteligencia, recursos financieros e influencia sobre el Ejército; y (iii) perdieron, por último, el apoyo, antes casi automático, de las fuerzas armadas del Estado.  Por eso están empeñados ahora en (a) una campaña de desprestigio hacia el Ejecutivo (“llegó con fraude”, “son incapaces”, “son igual de ladrones”) que trata de impactar la opinión pública.  Por eso intentan lograr (b) el apoyo del gobierno de Trump, pese a la presencia de Marco Rubio; pero, afortunadamente, el gobierno norteño tiene muchas cosas más de qué ocuparse, además de que desconfía de la influencia del narco en el pacto de corruptos (pdc).  Por eso insisten, finalmente, en (c) provocar un clima de insurrección en ciertos mandos del Ejército, que no han fructificado por el adecuado manejo institucional de Arévalo y su actual Ministro de la Defensa y por la  crucial falta de simpatías del Pentágono hacia los golpistas...

Mientras tanto, al ariete institucional con el que cuentan (el MP de la Comosiama) y a su barrera de última instancia (una Korte de Konstitucionalidad -KK- desprestigiada, venal y prevaricadora) se les acaba el tiempo.  Por eso, el torpe arresto y amañada sindicación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán y el re-encarcelamiento de José Rubén Zamora.  Por eso los desistimientos de casi todos los procesos iniciados contra funcionarios corruptos de los gobiernos anteriores, la devolución de los activos mal habidos confiscados y la falta de acción contra los obvios ladrones del gobierno de Giammattei.  Por eso el continuado hostigamiento a la prensa y a los funcionarios correctos. Y sobretodo, por eso el intento de “golpe legislativo” que intentó dar el pdc la semana pasada y que buscan en estos días “legalizar” -¡ilegítimamente!- con la “cooperación” de la KK.  Quieren “forzar el momento”, para materializar, cuanto antes, su prolongado intento -hasta ahora, frustrado- de defenestrar a Bernardo Arévalo; aunque como diría Trump, “no tienen las cartas” para esta mano de póker.  El Presidente Arévalo, sin embargo, persiste en su paciente búsqueda de una improbable defenestración de la Comosiama mediante acción legislativa, sin recurrir -al menos, nó aún- a sus inconstitucionalmente cercenadas facultades.  Y por eso, lo más probable es que continúe el “empate” de poderes. Objetivamente, no obstante, es necesario reconocer que  el gobierno arevalista ha logrado importantes avances:  (1) tiene un presupuesto aprobado que la da amplio “margen de cintura”, a pesar de haberle vedado ingresos ilegales periódicos –los tradicionales “sobresueldos”- a los diputados; (2) ha mantenido el apoyo del Ejército y del Tío Sam, en momentos complicados;  (3) está reconstruyendo alianzas con algunos de los grupos que lo eligieron y que estaban ya muy desmotivados, al tiempo que está enfrentando exitosamente a la mafia de Joviel Acevedo, a través de su valiente Ministra de Educación; y (4) ha iniciado un proceso de incentivación de la gran inversión, como, por ejemplo, con la proyectada ampliación de la red de generación y distribución eléctrica.  Falta superar el impasse en la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial, estrangulamiento provocado, fundamentalmente, por un sistema corrupto que le quitó facultades y funciones al anterior MICIVI y en particular a la antigua Dirección General de Caminos; y que hoy hace berrinche porque está bajo asedio su sistema de coimas.  Falta, además, resolver el entrampamiento de nuestros puertos, estrangulados por décadas de mala administración, a manos de mafias corruptas y malintencionadas.  Falta, también, una mayor efectividad en defender a las víctimas de la persecución política que continúa llevando a cabo un malintencionado MP.   Pero pese a todo, a tragos y rempujones, el asediado gobierno de la renovada democracia guatemalteca, avanza...

La solución definitiva de toda esta problemática, sin embargo, sólo llegará cuando el movimiento democrático tome el control de los tres organismos de gobierno.  Sólo así logrará Guatemala extirpar el cáncer de su metastásica corrupción e iniciar el “despegue” tantas veces postergado.  Por eso, es necesario que el actual Ejecutivo resista hasta las próximas elecciones, sin mayores vicisitudes adicionales.  Que esté preparado para enfrentar un posible intento de defenestración “legal” de la mancuerna MP-KK -con el apoyo de una facción del Congreso- sabiendo que está constitucionalmente facultado para hacerlo y recurriendo, si llega a ser necesario, hasta a la Consulta Popular.  Por eso, también, es necesario que todas las fuerzas verdaderamente democráticas busquemos la coordinación de esfuerzos y la creación de un amplio movimiento cívico que preserve la Presidencia Constitucional de Arévalo hasta el fin de su período legal y que en las siguientes elecciones pueda tomar el control de los tres organismos del Estado, mediante una masiva participación electoral unificada. El régimen anciano y su pacto de corruptos, acorralados, probablemente también buscarán unificar a sus facciones en una sola opción.  Los demócratas no podemos quedarnos atrás.  Podría ser que esta última crisis del régimen anciano nos lleve a la consolidación de dos grandes grupos políticos abiertamente enfrentados:  los interesados en preservar esta cleptocracia dizque “anticomunista” y los auténticos demócratas.  Los interesados en que Guatemala siga siendo una “cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones” y los que exigimos una auténtica república democrática,  en la que un capitalismo moderno e incluyente, mínima pero eficazmente regulado, y por todo ello, politicamente viable, nos permita alcanzar la prosperidad generalizada.  Por ello, respaldar ahora la continuación del gobierno de Arévalo hasta que termine su período legal, es la mejor opción, ciudadano, que hoy tenemos los amantes de la auténtica república democrática y las promesas que encierra...