La Constitución Política de la República de Guatemala (la CPRG) es nuestro Contrato Social explícito y se inscribe en una tradición jurídica occidental que se inició con la Constitución de los EEUU, proclamada en 1787 y la cual, a su vez, se fundamentó en siglo y pico de discusiones públicas en Inglaterra, Francia y las Américas. Esta tradición jurídico-política fue fruto del liberalismo clásico, que surgió como una rebelión en contra de los abusos del poder y que tuvo entre sus principales exponentes a Locke, Voltaire, Russeau y sobre todo, al barón de Montesquieu, precursores de la Revolución Francesa, “la madre de todas las revoluciones”. Estos autores habían estudiado la Historia Clásica; en particular, las cavilaciones del greco-romano Polibio, quien analizó las fortalezas y debilidades de la República de Roma y así iluminó el diseño de las nuevas repúblicas modernas.
En el corazón de este constitucionalismo occidental está que los gobernantes deben gobernar sólo con la aquiescencia explícita de los gobernados (expresada mediante el voto) y que dichos gobernantes no pueden gobernar conforme a su capricho, sino con apego a leyes -proclamadas por representantes de los gobernados- que reflejen los principios del derecho natural. Para lograrlo, la estructura orgánica del Estado se dividió en tres “poderes equilibrados”, el Legislativo (que hace “las reglas del juego”); el Ejecutivo (que actúa en nombre de los gobernados -conforme a los límites legales- en la esfera pública); y el Judicial (que vela por el estricto cumplimiento de las leyes). Para que el sistema funcione, ninguno de los tres poderes debe estar subordinado a otro, lo cual se recoge, explícitamente, en el artículo 141 de la CPRG.
Pero resulta que en Guatemala llevamos décadas de estar rompiendo el equilibrio de poderes y consiguientemente, nuestro pacto social. Cuando a las élites que han estado tras el poder formal les molesta una disposición constitucional, por ejemplo, sencillamente “mandan a fabricar” -repartiendo coimas- una ley que de facto cercene las facultades constitucionales que les molestan, sin recurrir al engorroso y políticamente difícil expediente de tratar de modificar legalmente la Constitución. Eso es ilegal e ilegítimo, pero les ha funcionado, pues hemos tenido una Korte de Konstitucionalidad (la KK), que en vez de velar por el celoso respeto al espíritu y la letra muerta de la CPRG, se encarga de proclamar -cuando les conviene- que “nuestra Constitución es inconstitucional”. Como lo hizo, por ejemplo, al dejar “correr para la Presidencia” a Efraín Ríos Montt en el 2003, pese a taxativa prohibición constitucional. Como lo acaba de hacer, en Noviembre del año pasado, al decir que el Presidente no puede destituir a la Fiscal General, pese a que el artículo 251 taxativamente lo faculta para hacerlo. Esta conducta abusiva de la KK era antes virtualmente inevitable, porque el poder Ejecutivo -que controla las chequeras y las pistolas del Estado- estaba coludido con la KK. Pero acabamos de votar para tener otro tipo de gobierno, de manera que ya no debiera ser así...
El caso actual más grotesco de esta Dictadura de las Cortes que de facto nos gobierna, es la ilegal intromisión de la KK en asuntos de la exclusiva competencia de nuestro organismo Legislativo y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La KK ha desconocido la exclusiva potestad del TSE en materia electoral, utilizando a la Fiscal General como instrumento operativo, y de esa manera pretende cercenar las facultades constitucionales de los diputados que “le caen mal”. Pero ha llegado más allá: ha obligado a un Congreso de borregos a cambiar a su Junta Directiva y ahora “les prohibe” organizarse como lo quieran disponer en ese “máximo depositario de la soberanía nacional”, diciéndoles quién sí puede integrar -o nó- una comisión o un puesto directivo. El barón de Montesquieu debe estar revolcándose en su tumba, ante esta bochornosa sumisión de nuestros supuestos “dignos” representantes...
Afortunadamente sale al paso la propia CPRG que dice: “... Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. De manera que una resolución, sentencia o indicación de la KK que “disminuya, restrinja o tergiverse” una facultad del organismo Legislativo, es nula ipso jure, y conforme al artículo 5 de la CPRG, no debe ser acatada. Con su abyecta sumisión, el actual Congreso de la República está permitiendo la intromisión, abiertamente inconstitucional, de la KK en sus funciones soberanas. Esto contradice directamente al artículo 141 de la CPRG, que como ya ha quedado dicho, prohibe la subordinación entre organismos del Estado. En otras palabras, la actual magistratura delincuente de la KK no puede desconocer a una Junta Directiva, o a nombramientos de diputados ya sancionados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el Organismo Legislativo soberanamente acuerde, sin producir automáticamente un rompimiento constitucional. Tampoco puede la KK entrometerse -legalmente- en la operación y facultades exclusivas del TSE, que conforme a la CPRG es equivalente a otro órgano independiente del Estado y el cual, en el momento procesal oportuno, ya certificó los resultados de las últimas elecciones..
Es claro entonces que el Congreso debe ignorar las disposiciones inconstitucionales de la KK, nombrando las Comisiones que le plazcan y organizándose como estime pertinente. Aunque el pacto de corruptos “ponga el grito en el cielo” y “proceda judicialmente”, sabiendo que las venales cortes actuales fallarán a su favor. Todo fallo inconstitucional deberá ser ignorado, aunque arda Troya. Habrá que recordarle al Ejecutivo que al fin y al cabo, es él el que controla las chequeras y las pistolas del Estado. Ya es hora de saber quiénes son nuestros “representantes” coludidos o nagüilones, y quienes nó. El pueblo quiere que ya se pongan en marcha las transformaciones por las que votó. Empezando con defenestrar a la corrupción. Y para eso sí podremos llenar de nuevo las plazas, si se hace necesario. ¡Que viva la Auténtica República Democrática! ¡ARDE!