“El fuerte impone su voluntad porque puede. Al débil le toca someterse o enfrentar la esclavitud o la muerte. Melanos: acepten la generosa oferta de Atenas de ser sus tributarios y gozar de su protección; la alternativa es la debacle.” – Tucídides, hablando sobre “el debate por Melos” en “La Guerra del Peloponeso” (c.415 adC). El gallardo liderazgo de la isla de Melos, pequeña isla que pretendía ser neutral en la guerra, rechazó el ultimátum de la Liga de Delos. Atenas llevó 38 naves con siete mil soldados, mató a todos los hombres -dorios, esclavizó a todas las mujeres y niños supervivientes y re-pobló la isla, a cien kilómetros de sus costas, con sus propios colonos -jonios. Menos de quince años después, los dorios de Esparta retribuyeron a la “sabia y democrática” Atenas con la misma moneda. Fue el fin de la “época de oro” de la Grecia clásica, cuyo excepcionalismo se perdió para siempre, pues a partir de entonces fue regida por déspotas.
En el S.XVIII los intelectuales que querían evitar las insurrecciones populares en contra de las monarquías acuñaron el concepto del “despotismo ilustrado”. La idea era que un Rey reformista, con el auxilio de “las clases ilustradas”, se anticipara a los anhelos del pueblo, llevando a cabo los cambios que eran necesarios para preservar la paz social... y al sistema monárquico y a su “nobleza”. Entre quienes hablamos español, ese movimiento tuvo como epítome a Carlos III y empezó bien. Lamentablemente, las falencias del sistema se evidenciaron cuando su hijo Carlos IV, un inepto sin carácter, heredó el trono y el abuso y la corrupción campearon. El resultado fue la debacle del decadente imperio español y la “independencia” de las naciones de Hispanoamérica. Ya había ocurrido antes, cuando “los buenos emperadores” eran sucedidos por tiranos - por ejemplo, cuando a Marco Aurelio lo sucedió su nefasto y cruel hijo Cómodo, al inicio del fin del antiguo imperio romano. No hay nada nuevo bajo el sol: un despotismo “con apellido”, a la postre, sigue siendo despotismo, el gobierno que se rige por los caprichos de los gobernantes y no por la majestad de sus leyes…
El asunto viene a cuento por el reciente “Bukelazo”. El Presidente salvadoreño cede, una vez más, a la tentación autocrática, como cuando hace unos meses irrumpió al frente de un contingente armado al recinto de la Asamblea Legislativa, porque ésta no había autorizado un préstamo que él consideraba crucial para su Nación. Esta vez, haciendo mofa del principio republicano de la separación de poderes y en especial, del rol “contralor” del Organismo Judicial sobre los otros poderes que caracteriza al sistema republicano, utiliza a su fresca e inexperta mayoría parlamentaria para imponer ilegítimamente su voluntad. Claro: también encuentra abogados que “demuestran” la “legalidad” de una acción que viola meridianamente la intención constitucionalista de los “pesos y contrapesos”, sistema concebido para proteger a la ciudadanía de los excesos de cualquiera de los tres poderes. Ya hemos visto eso antes en Centroamérica y de manera aún más dramática: en 1875, tras haber derrocado por las armas a la odiada dictadura conservadora de los 30 años, un inmensamente popular Justo Rufino Barrios convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (en la que 9 de cada 10 diputados eran “barristas”), la cual en su sesión inaugural decidió “no amarrar de manos a la Revolución” y tras declarar al caudillo “dictador constitucional” (¡Ahh, los güizaches centroamericanos!), se autodisolvió. Acto seguido, el “líder indiscutido” invadió militarmente a El Salvador y Honduras, en donde impuso a los gobernantes “liberales” Rafael Zaldívar y Marco Aurelio Soto, respectivamente. Sí: Barrios también introdujo el telégrafo y el ferrocarril, impulsó la educación pública, separó a la Iglesia del Estado y finalmente, “reconvocó” a la Asamblea Constituyente que nos dio la Constitución de 1879; la que con frecuentes enmiendas (usualmente para permitir la re-elección presidencial) “duró” hasta 1944. Y eso fue bueno. Pero también utilizó a su nuevo y flamante “Registro de la Propiedad” (1877) para crear la persistente matriz del “capitalismo de plantación” que aún hoy nos tiene en la postración socio-económica, otorgando graciosamente latifundios a sus compinches y correligionarios. En 1882, tras derribar “a fuetazos” a Lorenzo Montúfar por las escaleras de un hotel en Washington por contradecirlo, echó por tierra la paciente labor de años de negociación del señor que hoy tenemos “sentado en el trono” en el cruce de la Avenida Reforma y 12 Calle (quien tuvo que salir al exilio en Costa Rica) y firmó “el Tratado de Límites”, mediante el cual “legalizó” la usurpación mexicana del Soconusco; esto con la fútil idea de “apaciguar” el frente occidental centroamericano, antes de invadir militarmente el Istmo, hacia el Este. En 1885, con la idea de llegar con sus tropas hasta San José de Costa Rica, este Garibaldi tropical invadió El Salvador, muriendo en circunstancias confusas en las afueras de Chalchuapa. Varios historiadores han sugerido que fue asesinado por sus opositores guatemaltecos, hastiados de su tiranía “liberal”, aprovechando las confusas circunstancias del frente de guerra. Pero aún hoy hay quienes sostienen que “sólo con alguien así” es posible conducir a este “estrecho dudoso” hacia un mejor destino…
He ahí el problema. Demasiados de nuestros “dirigentes” no son realmente demócratas, ni creen en los controles republicanos. En la izquierda, defenderán a capa y espada a un Chávez. Y en la derecha, a un Pinochet. Según estos razonamientos, los cadáveres sobre los que ambos pasaron fueron inevitables “daños colaterales” en camino hacia lo que cada bando considera un futuro colectivo mejor. Nayib Bukele aún no es ni lo uno ni lo otro, me apresuro a señalar. De hecho, su popularidad no es casualidad: ha llevado a cabo una inmensamente anhelada “limpia” del escenario partidista salvadoreño, tan “centroamericanamente corrupto” como el nuestro. Además, ha sido “efectivo” en el combate a la pandemia y en poner bases para un desarrollo socio-económico honesto, dándole al pueblo satisfactores (hospitales y computadoras para sus hijos), que explican su popularidad. Pero eso no quiere decir que debamos “perdonarle” cualquier exceso, o argumentar que su zarpazo monárquico es pecata minuta. O que no haya aumentado el peligro de que al igual que Ortega en Nicaragua, “cambie las reglas de juego” para re-elegirse al final de su período. Y nó, no es estúpido o ingenuo pretender vivir “en República”. Aunque nos acusen de “fantasiosos”, ciudadano, hay que atreverse a soñar -y reclamar- que podemos vivir como el resto del mundo realmente civilizado. Con un “gobierno de leyes, nó de hombres”. En libertad, bajo el imperio de un Estado de Derecho. Aunque sea difícil. Si queremos un mejor futuro para nuestros nietos. Como dicen que dijo Winston Churchill: “la democracia es el peor de todos los sistemas de gobierno… con excepción de todos los demás.”
CAMINO A LA HAYA: A pesar de que el nefasto e inconstitucional “Acuerdo Especial” firmado por el gobierno de Álvaro Colom y “refrendado” con la engañosa “Consulta Popular” del incompetente gobierno de Jimmy Morales (en la que no votaron cuatro de cada cinco electores), “olvidó” que se incluyera explícitamente como “criterio procesal” en el juicio que conocerá de nuestro caso, el principio “Ex aequo et bono” (“conforme a lo equitativo y lo bueno”, contemplado en el Artículo 38.2 del Estatuto de la CIJ) que el ex Presidente Arévalo ponía como condición sine qua non para someternos a juicio internacional desde 1946, hay remedio: el Artículo 38.1 tampoco requiere -aunque lo permite- que se aplique el “Utis Possidetis”, originado en la Roma imperial. Este “criterio procesal”, impulsado a lo largo de los años por el Imperio Inglés -por razones obvias- esencialmente dice que si una potencia le arrebata a otra menor un territorio por la fuerza, su ocupación efectiva, con el tiempo, “legaliza” su posesión del territorio en disputa. La CIJ tiene la oportunidad de demostrarle al mundo que la ONU es efectivamente un mecanismo para dirimir civilizadamente los diferendos entre naciones sin recurrir a la violencia militar, expulsando con su sentencia de la jurisprudencia internacional esta artimaña legal concebida para “legalizar” al despojo violento. Por eso, el segundo objetivo del recurso de “Amicus Curiae”, en preparación, será que se excluya el criterio procesal del “Utis Possidetis” de la evaluación de nuestro caso en la CIJ, pues es violatorio de la Ley Natural, que no sanciona al despojo violento como “fuente de derecho”. Sólo una sentencia legítimamente justa demostrará que la Corte Internacional de Justicia puede ser efectivo antídoto de violencia futura...
"Publicado en la sección de Opinión de elPeriódico el 11 de Mayo de 2021"