“El gobierno del Estado de Guatemala no podrá enajenar por cualquier medio, incluyendo la aportación, la venta, la concesión temporal, la renta indefinida o a término o por cualesquiera otros medios que impliquen la cesión de derechos soberanos sobre activos republicanos, materiales o inmateriales, tales como los derechos sobre terrenos del Estado, sobre el subsuelo, sobre sus costas, sobre su espectro electromagnético, sobre sus aguas territoriales o sobre cualquier otro activo republicano que así sea calificado por el Congreso de la República, si dicha enajenación no se materializa con la simultánea cesión, titulada conforme a los mecanismos establecidos en esta misma Ley, del cuarentinueve porciento (49%) de tales activos, directamente, a todos los ciudadanos adultos de la República que así lo soliciten, durante los tres años siguientes al acto de enajenación.” – Parte medular de una futura Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana (DPC), que convertiría a Guatemala en una sociedad capitalista moderna, incluyente y participativa, promoviendo el ascenso socio-económico de sus mayorías desposeídas y por ende, promoviendo simultáneamente la paz social y la prosperidad generalizada que requiere una república funcional.
La “segunda vuelta” de las elecciones peruanas programada para el próximo 6 de junio es un ominoso anticipo de lo que, si nos descuidamos, podríamos esperar los guatemaltecos al finalizar el presente y ya prematuramente desgastado gobierno presidido por Alejandro Giammattei. Dicho “balotaje” enfrentará, por un lado, al neomarxista maestro de primaria, de raigambre indígena, Pedro Castillo, con la excarcelada por supuesta corrupción, hija del aún preso exdictador Alberto Fujimori, de ascendencia japonesa, Keiko Fujimori. Será un enfrentamiento típicamente latino americano entre las visiones de aquel terco y fracasado “socialismo o muerte”, con la conservadora oferta de “democracia con mano dura- ‘demodura’ ”. Este proceso está ocurriendo mientras al sur de El Perú, en Chile, ha quedado electa una nueva Asamblea Constituyente que algunos temen pueda conducir en la hoy aún próspera economía chilena, a la destrucción de los incentivos que animaron su “despegue” de los últimos veinte años; y mientras al norte de El Perú, en Colombia, una inquietante ola de protestas sociales refleja el desencanto de las mayorías con el reciente resultado electoral, en el que también la oferta conservadora se impuso en un final cardíaco, a la oferta neomarxista, que hoy “vuelve por sus fueros”. Este estado de angustia existencial por la errática lucha entre un insatisfactorio seudo-capitalismo elitista y bipolar, frente a un vengativo y fracasado socialismo de mayor o menor radicalidad, pareciera ser la recurrente maldición que acompaña a los latinoamericanos. Cleptocracia o despotismo marxista. Honduras o Venezuela. El pasado domingo, varios analistas, entre ellos el afamado académico Carlos Sabino y el conductor televisivo de “Razón de Estado”, Dionisio Gutiérrez, entre otros, analizaron este recurrente drama y lo atribuyeron, en general, a razones “históricas” y “culturales”, todos aspirando a un modelo capitalista moderno dentro de un esquema auténticamente republicano, que no es el que los guatemaltecos vivimos. Curiosamente, ninguno de los analistas mencionó lo obvio: las abismales desigualdades socio-económicas que heredamos de la época Colonial, que este sub-continente no ha logrado aún superar y que nos hacen inherentemente inestables como cuerpo político...
Al otro extremo del debate político, gente que visita el interior de Guatemala asiduamente, me cuenta que el mensaje de CODECA está calando y que en las comunidades rurales cada vez se habla más de la “nacionalización” de la energía eléctrica, del agua y ¡hasta del transporte! Que mucha gente del ámbito rural dice que “cada vez que uno de la ciudad se sube a un bus, el subsidio lo paga ‘la gente del campo’, con sus impuestos”... No obstante muchas positivas iniciativas que están creando trabajosamente, bajo presión y a cuentagotas a una emergente y nueva clase media, la juventud y las mayorías no encuentran aún esperanza generalizada en que el futuro será mejor. Por eso tantos chapines emigran. Por eso, los ciudadanos conscientes debemos esforzarnos más...
En todas las repúblicas funcionales hay presiones automáticas en el sistema político-económico por reducir las desigualdades, vía el ingreso y vía el patrimonio. En las sociedades desarrolladas, los esfuerzos por aminorar las desigualdades y la búsqueda de la eficiencia económica, que se contrapesan la una a la otra, son el “pan de cada día” del proceso político. Se reconoce, por obvio, que a mayor desigualdad, mayor inestabilidad. Pero en las sociedades ultraconservadoras, como la nuestra, se insiste en que “la desigualdad no importa; que lo que importa es combatir la pobreza”. Sin pretender una inalcanzable y hasta inconveniente igualdad socio-económica absoluta, los latinoamericanos debemos empezar a reconocer lo obvio: la desigualdad sí importa, y su disminución contribuye a disminuir la pobreza, cada vez más.
La raíz de la insatisfacción latinoamericana es que no hemos logrado construir en dos siglos de “independencia” auténticas “repúblicas de todos los ciudadanos”. En el caso de Guatemala, por ejemplo, hemos desperdiciado varias oportunidades históricas -cuando las tierras del Estado eran aún relativamente abundantes en relación a la población- para haber hecho una “dotación patrimonial fundacional” que nos hubiese convertido en una sociedad de pequeños propietarios: (i) en 1829, en busca de mantener privilegios feudaloides (principalmente el monopolio del comercio exterior), la élite conservadora destruyó la República Federal y nos condenó por tres décadas a una disminuida “monarquía aldeana”, sin Constitución y sin clase media; (ii) en 1879, la “revolución liberal” sustituyó a una oligarquía por otra y con un hipócrita ropaje “ republicano”, creó nuestro “capitalismo de plantación”; sobre la base de una privatización corrupta de las tierras estatales que dio por resultado -con la dualidad latifundio/minifundio- una sociedad de “finqueros y mozos”; y (iii) en 1954, tras derrocar a un Presidente constitucional que intentó hacer una imperfecta y colectivizante “reforma agraria”, preservamos la estructura social bi-polar que tanto nos está costando superar. Hoy ya no tenemos opción de hacer una “dotación patrimonial ciudadana” (DPC) mediante el reparto agrario: es (i) aritméticamente imposible; (ii) técnicamente regresivo, y (iii) políticamente inviable. No obstante, podemos aplicar “la fórmula de Lincoln” (crear una sociedad de pequeños propietarios y consumidores) por la novedosa vía de privatizar adecuadamente activos republicanos productivos, según se desprendería de aplicar una Ley como la resumida en el acápite de esta misma columna. Piense usted como sería hoy Guatemala si el proceso de torpe privatización que empezó con “Vinicio Cervezas” y terminó con “Mono de oro”, hubiese repartido el 49% de las acciones de la telefonía, la electricidad y las carreteras de peaje a todos los ciudadanos. En vez de sólo haber creado un puñado de nuevos “multimillonarios instantáneos”, tendríamos una sociedad menos desigual, un activo mercado de capitales, no sólo de dinero, una macroeconomía estimulada, generando vigorosamente empleo en nuevos sectores económicos y en un clima de mayor armonía social...
Podemos tratar de seguir restringiendo la oferta política a lo tradicional: (1) por un lado la oferta conservadora de “no hacer olas” y tener paciencia de que en una o dos generaciones, la prosperidad “se derrame” y “alcance para todos”, aunque eso implique tolerar a una cada vez más descarada cleptocracia; frente a (2) la fracasada y vengativa opción neo-marxista, como castigo final por nuestra estulticia social. O hasta soñar en (3) una regresión a alguna versión del “despotismo ilustrado”, encarnado hoy día en un Bukele, como antes en un Ubico, o un Trujillo, o un Somoza. Pero si de veras queremos progresar, nos toca gestar un movimiento político generalizado a favor de un capitalismo moderno, incluyente, enmarcado en instituciones auténticamente republicanas. Y un paso fundamental en esa dirección es la “cirugía mayor” que implicaría una amplia “dotación patrimonial ciudadana” (DPC). Vaya a www.ciudadanotoriello.com, busque la pestaña de “Plataforma Ideológica” y dentro del “Manifiesto Fundacional del Partido Liberal Auténtico de Centro América”, lea en la pag. 71 y siguientes, la descripción de ese proceso a nuestro alcance. O siga haciendo como hicieron los rusos en tiempos del Zar, descalificando todo intento reformista, hasta que los bolcheviques radicales se constituyeron en la única esperanza de las mayorías. Si seguimos ignorando el crecientemente avorazado desborde de la cleptocracia, el futuro luce ominoso. Involúcrese, ciudadano, no da mucho resultado eso de sólo “cruzar los dedos”...
ACLARACIÓN (No cupo en la versión impresa la semana pasada): En carta pública de Sergio Ricardo Barrios Palacios, publicada en elPeriódico en su edición del 18 de mayo pasado, dicho ciudadano se refiere a mi columna “¿La República Insolidaria?” (del 4 de mayo) y señala que fue el gobierno arbencista el que empezó la mala práctica de no contribuir al IGSS. Para los amantes del detalle histórico, el gobierno de Arbenz, un par de meses antes de ser derrocado, "condonó legalmente", sus incumplimientos con el IGSS y mediante Decreto del Congreso, se "autofacultó" para determinar los montos en lo sucesivo. Aprovechando el precedente de dicho instrumento legal, el gobierno de Castillo Armas sencillamente dejó de pagar a partir de 1956, sin molestarse con sucesivas formalidades legales. Las autoridades del IGSS sólo registran como adeudos del Estado, los impagos "no condonados legalmente" a partir de 1956. Pero sí tiene razón Barrios Palacios, fue el gobierno arbencista el del “pecado original”.
"Publicado en la sección de Opinión de elPeriódico el 1 de Junio de 2021"