“El precio de la libertad es la eterna vigilancia” – frase atribuida, entre otros, a Thomas Jefferson.
El sistema electoral guatemalteco, de ejemplar desempeño desde 1,984 hasta el año 2,015, se apoyaba en una amplia y voluntaria participación ciudadana, hecha tradición. Las Juntas Receptoras de Votos (JRV) se nutrían con experimentados veteranos, de acendrada y probada vocación cívica, más que política. Estos veteranos transmitían su experiencia y su fervor patriótico a los novatos, pasando una “antorcha ciudadana” que venía desde los tiempos de don Arturo Herbruger Asturias, el primer Presidente (1,983-1,993) de nuestro actual Tribunal Supremo Electoral (TSE). Una de las primeras señales de alarma acerca de un desastre por venir en Junio de 2,019, fue que en muchos distritos y notoriamente en el Distrito Central, “dejaron de llamar” a muchos veteranos. Algunos de todas maneras se presentaron, pero la “veteranía” del voluntariado electoral se redujo significativamente. En algunos distritos, empezaron a circular rumores de que “empleados y simpatizantes” de tal o cual municipalidad tenían consigna e incentivos para integrarse a las JRVs, lo que alimentó las sospechas de futuros problemas desde que se llevó a cabo la reciente “Consulta Popular” (en abril del 2,018), la cual, por cierto, no contó ni con fiscales ni con “resultados preliminares”… La presencia de los fiscales de los partidos había reforzado en el pasado la ecuanimidad del escrutinio, pues dos o más, se contrapesaban entre sí, y a la propia JRV, en relación a cualquier sesgo partidista. Pero en el 2,019, la actual magistratura del TSE resolvió que los fiscales ya no se consideraban voluntarios, legalmente y por consiguiente, se requerían trámites burocráticos para “legalizar” la “donación del servicio de fiscalía”. Si a eso añadimos la virtual inexistencia de fondos legítimos para la mayoría de los partidos (y la evidencia de abundantes recursos de dudosa legalidad para unos pocos), nos topamos con la triste realidad de que sólo la UNE tuvo fiscales en todos los centros de votación del país y que hubo algunas localidades en las que los pocos fiscales disponibles fueron amedrentados para no ejercer con propiedad sus funciones. Si todo lo anterior ya era suficiente como para sembrar dudas razonables acerca de la ecuanimidad del escrutinio, la supresión de procedimientos de confiabilidad (como la impresión para el Presidente de una JRV del certificado de lo ingresado al sistema de conteo rápido de resultados preliminares) “por falta de impresora” (mientras los magistrados derrochaban recursos en noches de Hotel de Lujo), o la abortada prohibición de que se utilizaran celulares (y sus cámaras) en los centros de votación, las dudas se tornaron en desconfianza, en un ambiente de por sí ya muy polarizado por razones adicionales. Para “terminarla de amolar”, los resultados divulgados por la máxima autoridad electoral empezaron a evidenciar inconsistencias; se suspendió el flujo de información, que luego se reanudó, “corregido”. Una ciudadanía menos adormecida que en el pasado, empezó a hacer cuestionamientos incómodos. Surgió información de compra de tecnología informática en circunstancias poco claras, se acumuló evidencia de “descuadre” en las actas, y también entre las actas y los resultados preliminares, se suspendió de nuevo el flujo de información, “se puso a cero”, se aceleraron los “dimes y diretes” y el resto es Historia…
Tienen razón los magistrados, en sentido legal estricto, cuando dicen que el escándalo “se montó” en torno a los resultados “preliminares”, los del “conteo rápido” y que en realidad, los resultados “oficiales”, aún no se han producido, por lo que es prematuro gritar “fraude”; claro que eso no justifica que ¡dos semanas después! del ejercicio comicial, aún no haya “resultados oficiales”. Ya “se pasan de la raya”, cuando olvidando la diáfana claridad del artículo 35 de nuestra Constitución y la imagen de sus espejos, dicen que van “a meter al bote” a los “irresponsables” que “están sembrando desconfianza” en nuestro prístino y sacrosanto sistema electoral, a esos que “con sus críticas están insultando a los miles de voluntarios” que “hacen imposible” un fraude electoral en Guatemala. No se percatan, quizá, de que ya no importa cuánto intenten ahora “recoger la leche derramada”, ni cuántos en aras de “preservar la institucionalidad” o proteger sus intereses, los apoyen diciendo que “no es fraude, vaya, sino sólo incompetencia y anomalías”. El hecho es que se perdió la confianza; ya no es cuestión de legalidad, sino de legitimidad. Los guatemaltecos tenemos ahora que confirmar que aún nos tienen que consultar y respetar nuestra decisión, quienes pretendan gobernarnos...
“Guatemala tiene de dónde, aunque todo lo esconde”, dicen que dijo Francisco Morazán cuando le impuso “empréstitos forzosos” a los ricos de Guatemala, para equipar y alimentar a su “Ejército Aliado Protector de la Ley”, en 1,829. La frase es aplicable 190 años después, pues en Guatemala siempre se encuentra, en momentos críticos, un pocas veces señalado desborde de talentos. Un grupo de ciudadanos inclinados al ámbito tecnológico, por ejemplo, me ha presentado una novedosa herramienta de auditoría ciudadana, que puede sacarnos de la crisis de confianza en la que cada vez nos empantanamos más. Se trata de un “fiscal digital”, que pronto estará disponible por internet. Lo que hará esta “página web” será permitirles a ciudadanos voluntarios, verificar vía internet los resultados de todas las actas que deseen de las ciento y pico mil actas, asignadas por el sistema al ciudadano voluntario, al azar. El mismo procedimiento de verificación (escrito en “código abierto”, para verificación pública del procedimiento empleado) lo estarán verificando otros ciudadanos desconocidos para el voluntario, sobre la misma acta (o actas). Las actas en las que coincidan cuatro de cinco verificaciones, se da por revisada y se acumula su información. Si vía internet miles de ciudadanos se inscriben voluntariamente en este proceso, la verificación de las actas será cuestión de horas, no de meses, como está ocurriendo con el método actualmente empleado por el TSE. Los documentos que se revisarán son imágenes “escaneadas” del 97% que entregó oficialmente, “firmadas electrónicamente” para evitar posteriores modificaciones electrónicas de las imágenes, el propio TSE, por medio de su departamento de informática, el viernes 21 de junio, a los fiscales informáticos de los partidos. Quedarían dos incertidumbres, estadísticamente más manejables, por terminar de aclarar: (i) ¿qué pasó con el otro 3% de las actas? y (ii) ¿con qué fidelidad a los originales se crearon esas imágenes?. En relación a lo último, aquellos miembros de JRVs que así lo deseen podrán comparar la imagen que proporcionó el TSE, con fotos o copias que puedan obrar en su poder y a futuro, para la segunda vuelta, se pedirá que las JRVs “suban” una foto “con firma electrónica” a un imborrable Registro Público Distribuido (para los iniciados, a un “blockchain”, inmodificable) y así los ciudadanos nos habremos emancipado de autoridades corrompibles. No es pequeña cosa, cuando gracias al “fraude estructural”, nos esperan cuatro años más de ser gobernados por “la menos mala” de las dos opciones de segunda vuelta; así que esté pendiente, ciudadano...
"Publicado en la sección de Opinión de elPeriodico el 02 de julio 2019"