Cuando los grandes pensadores del Renacimiento extrajeron de la Historia Clásica los elementos para definir a la República Moderna, concibieron un Organismo Legislativo bicameral, en el que a los apetitos inmediatistas de una Asamblea Popular (que por presión de sus electores quiere “pan y circo” ya), se debía oponer la sabiduría mundana y la visión a largo plazo de las “cabezas canadas”, extraídas normalmente de entre los más destacados exponentes del comercio y la industria, en un Senado. Una Ley pactada así, entre Asamblea y Senado, se suponía tendría un bienvenido equilibrio, para beneficio de toda la sociedad a largo plazo. La misma Historia Clásica advertía, no obstante, que un Senado sin el efectivo contrapeso de una vigorosa Asamblea Popular, podía también convertirse en un peligro para la República, si un desmedido afán de proteger los intereses de las clases más adineradas (permanente tentación senatorial), condujera a exacerbar el abismo entre pobres y ricos y con ello, a hacer más probable la inconformidad ciudadana, el conflicto social y hasta la desintegración de la convivencia civilizada. Por eso, en la Roma republicana, los Tribunos del Pueblo tenían “veto” legislativo y su inmunidad a la vindicta de otros magistrados se consideraba “sacrosanta”. El irrespeto a esos límites condujo en la Roma clásica a la ruptura de las tradiciones, a la guerra civil y finalmente, a la muerte de la República…
El asunto viene a cuento porque en Guatemala, los empresarios organizados en el CACIF han devenido una especie de Senado de facto en las últimas siete décadas. Tras el fracaso de la República Federal de Centroamérica, cuyo Congreso Federal era bicameral, los anteriores Estados de la Unión Centroamericana se transmutaron en pequeñas Repúblicas cuyas Constituciones, “por economía”, han determinado que sus Organismos Legislativos sean “unicamerales”. Por ese vacío, quizá, en momentos de crisis republicana surgieron ocasiones en las que de manera natural, la dirigencia nacional buscó la opinión de “gente mayor” reconocida como exitosa económicamente, la cual devino contrapeso de las pasiones políticas del momento, aunque su papel no estuviese explícitamente contemplado en el texto constitucional de la República. El CACIF, originalmente dominado por los “agricultores”, es decir, por aquellos grandes finqueros para quienes “no había mejor Ministro de Hacienda (hoy, Finanzas) que un buen precio del Café”, evolucionó conforme se fue transformando nuestra economía. Su liderazgo fue tomado a mediados de los sesentas por los grandes Industriales, los de la “sustitución de importaciones” y el “Mercado Común Centroamericano”; quienes ahora, a su vez, comparten el liderazgo con los banqueros, en realidad, con los representantes de las “megacorporaciones” integradoras de actividades agroindustriales y comerciales. En sus inicios, las rivalidades “gremiales” requirieron de estructuras conciliadoras y flexibles, de tal suerte que el CACIF surgió como un modesto “Comité Coordinador” de las asociaciones empresariales de la Agricultura, el Comercio, la Industria y las Finanzas. Muy pronto, sin embargo, esta inicialmente modesta organización pasó a tener representación institucional en estructuras de gobierno tan diversas como la Junta Monetaria y el IGSS, para mencionar sólo las más conspicuas, y un discreto pero crucial papel en el financiamiento de las campañas políticas. Hoy en día, sus estructuras formales parecieran ser “teledirigidas” por el exclusivo club de “los de la foto”, que habiéndoles ya quedado chico el país, aquí ya casi nunca salen “en la foto”, pero que terminan asegurándose presencia indirecta en instituciones clave y hasta en los sucesivos Gabinetes de Gobierno, sin mayor escrutinio democrático. De una u otra manera, el CACIF ha sido el instrumento mediante el cual los grandes empresarios guatemaltecos “han cruzado el río político, sin mojarse los pies”…
Lester Thurow, controversial economista, profesor y Decano del Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T., por sus siglas en inglés), solía decir en su cátedra que “la diferencia entre una aristocracia y una oligarquía, era puramente ética: la aristocracia, minoritaria por definición, provee a la sociedad de liderazgo moral (“noblesse oblige”); la oligarquía, minoritaria por vocación, simplemente aprovecha sus privilegios…” Por eso, señalaba Thurow, en 1,905 Teodoro Roosevelt, boicoteado previamente en sus iniciativas reformistas por el exclusivo grupo de empresarios que encabezaban Rockefeller, J.P. Morgan y Andrew Carnegie, solicitó al Congreso norteamericano prohibirle a las grandes corporaciones financiar campañas políticas, pues estaba demostrado, según él, que en las elecciones “podía más el dólar que el voto”. En 1,907, mediante la Ley Tillman, el Congreso de E.U.A. le hizo caso a Teddy Roosevelt y se inició un zigzagueante proceso de regulaciones y desregulaciones en torno a las contribuciones políticas de toda índole, que con avances y retrocesos, continúa aún hoy en esa poderosa nación norteña. Muchos arguyen que el actual incremento en la disparidad relativa de ingresos en la sociedad estadounidense (“para beneficio del 1%”) y la “tercermundización” de su política, es directamente atribuible al relajamiento reciente, o a la burla, de esas regulaciones…
La reciente develación de escándalos en “el camino” a la administración pública guatemalteca (Sinibaldi, Baldizón, etc.) ilustra las graves consecuencias que ha tenido aquí el desborde de la influencia del dinero en la política: hoy no tenemos partidos políticos reales, solo “liderazgos de alquiler”. Los diputados “venden” leyes al mejor postor, cuando no andan protegiendo su propia impunidad. No tenemos carreteras transitables, pero el Ministro y “candidato” tenía cien millones de quetzales ¡en efectivo! “para la Caja Chica de la campaña”; proporcionados por “inocentes empresarios” de la construcción “que sufrían extorsión”. Evidenciada la subasta de candidatos, grupos oscuros, sin vocación senatorial alguna, sino con clara vocación criminal, empezaron también a “competir” en la compra de vehículos partidarios, para “sorpresa” de tirios y troyanos. ¡Qué bueno que ese sistema esté muriendo, aunque algunos “defensores de nuestra soberanía” lo vean con pavor! ¡Qué bueno que las contribuciones políticas –so pena de cárcel- tengan que tener nombre y apellido y que quien “apueste a todos los caballos” se exponga a dar su cinismo a conocer! La Patria necesita de nuevos y frescos liderazgos, de un debate público de ideas y programas políticos, de más ciudadanía y de menos corrupción. Eso sí: más vale que nada, y en particular las tentaciones golpistas, interrumpa nuestro camino colectivo a este nuevo, “desfinanciado” y atípico proceso electoral del 2,019. Quienes eso estén contemplando, están jugando con fuego…