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  • Ciudadano Toriello

En búsqueda de una sensata política ferrocarrilera

“Guatemala es ese lugar en el que hay piedras que flotan, madera que se hunde y donde ‘cómo nó’ quiere decir ‘sí’.” -Sarcástico comentario de un autor norteamericano cuyo nombre prefiero olvidar, pero que lamentablemente retrata recurrentes incongruencias nacionales que aún nos lastran.


Con el gobierno de la República a cargo de un personaje que no tuvo ni la paciencia ni el tino de esperar un poco antes de mandar a hacer “su nidito de amor” en las faldas del volcán, dotándolo, con recursos del Estado, de un camino asfaltado (incidente similar a otro por el que una diputada de una administración anterior ha estado con el sambenito de que “se la llevan al bote”); con tales alhajas en las altas esferas, digo, no está uno predispuesto a “pensar bien” cuando se firma un negocio de relevancia para el país por las autoridades de turno. Tal el caso del contrato recientemente firmado por Ferrovías, empresa en la que el Estado guatemalteco, a través de una entidad descentralizada, es dueño del 82% de las acciones. Al margen de que los “errores de juicio” del gobernante no quedaron en lo del volcán, sino siguieron con el apestoso negocio de las vacunas rusas, el tema de “la alfombra” y “la minera del níquel”, la persecución y el exilio de los fiscales obligados legalmente a esclarecer este tipo de casos, y un sinfín de pequeños y grandes escándalos más, el hecho es que el candidato Giammattei fincó públicamente su estrategia de desarrollo económico en lo que él llamó “el Tren Rápido de Guatemala”. Ya queda claro ahora que “ese rollo” sólo fue otra de aquellas tantas “mentiritas de campaña” (como la que le hizo a los veteranos militares con lo de los 120 mil “por shola”), para dizque no pasar a la Historia, “como un hijueputa más”... Antes de tomar posesión, aquel a quien el pueblo hoy apoda como “el doctor Timo Chenko”, se apresuró a ir a visitar a Bukele, quien desconociendo el poco peso real de las palabras que oyó, se anticipó imprudentemente a declarar -en público- que merced al acercamiento del Presidente chapín recién electo, el pueblo cuscatleco “ya contaría -en breve- con un puerto en el Caribe” y también donde “conectar” los ambiciosos planes ferrocarrileros del propio Presidente Millenial. Hay evidencia circunstancial que indica que el optimismo de nuestros últimos dos gobernantes en torno “al tren”, tenía por sustento la expectativa -además de que los trompistas “se harían de la vista gorda” con sus excesos pasados y futuros, como lo hicieron en su momento con el ex Presidente catracho, hoy preso, Juan Orlando Hernández- de fuertes financiamientos de una nueva “Administración Trump”. El obsequioso ex Presidente guatemalteco, “míster Morales”, habría negociado sendas retribuciones políticas -que heredaba el doctor, a cambio de “cuidarle las espaldas” a Jimmy- “en pago” por el traslado de nuestra Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, por la vergonzosa aceptación contractual de la condición de “tercer país seguro” y por la manipulación “bajo de agua” de las caravanas de migrantes, para favorecer electoralmente al rubio político gringo que nos llamó a guanacos y chapines, públicamente, “hoyos de mierda”. Pero para sorpresa de tirios y troyanos -y aunque los trompistas de todas las latitudes “aún no lo crean”- el bocón y prejuicioso canchón, perdió las elecciones en tierras norteñas, y los planes conexos a esa frustrada victoria, de sus corifeos tropicales, se derrumbaron...


Mediante el Acuerdo Gubernativo No.270-2013 (AG270-13), firme y legalmente vigente (tras haber sido desafiado en los Tribunales por doña Sandra Torres, cuando ella “controlaba” al Congreso de la República), el Estado de Guatemala declaró oficialmente “de UTILIDAD PUBLICA e INTERES NACIONAL la gestión, promoción, construcción y operación del proyecto...CORREDOR INTEROCEANICO DE GUATEMALA” (CIG). El AG270-13 no surgió en un vacío político, sino está apoyado en sendos acuerdos locales de más de 44 comunas de la zona de influencia del proyecto, declarando al CIG “de utilidad pública e interés municipal”, también. El CIG tampoco es una frivolidad sin sustento técnico, sino el producto de un diseño hecho y revisado por expertos europeos y norteamericanos de infraestructuras de punta, que unirán dos puertos nuevos de gran calado, uno en cada oceáno, mediante poliductos, conexiones férreas y carreteras de primer orden, asentadas en una franja interoceánica de tierra de 372 Kms de largo y 140mts de ancho, que es propiedad privada de muchos pequeños, medianos y grandes propietarios. A diferencia de lo usual en estas latitudes, el CIG es multitudinaria expresión de voluntad de varias asociaciones rurales y comunidades indígenas, además de más de nueve mil familias del oriente guatemalteco, accionistas y derecho-habientes directos del proyecto, en el que se integran casi cuatro mil terrenos de diverso tamaño. Un auténtico fenómeno histórico, digno de todo encomio por su singularidad y su potencial, está destinado a marcar “un antes y un después” en nuestro desarrollo y contrasta con el capitalismo elitista que nos ha caracterizado hasta ahora y que en buena medida explica nuestro subdesarrollo y nuestra propensión a la inestabilidad política. Es, además, el único tramo realmente rentable de un sistema ferroviario nacional, seguido, muy de lejos, por la conexión entre las fronteras de México y El Salvador. Pese a todo lo anterior, en vez de promover el interés de inversionistas locales y extranjeros en él, los últimos gobiernos se han dedicado a desacreditar al proyecto, a dejar sin investigar las agresiones de las que ha sido objeto (incluyendo violencia física y despojo de propiedades) y a propiciar que los pequeños propietarios pierdan la esperanza en que esta radicalmente transformadora iniciativa, se ejecutará algún día. El mofletudo ex Ministro de Economía, por ejemplo, hizo todo cuanto pudo para que durante la visita de la señora Kamala Harris, el CIG estuviera “fuera del radar”. Instituciones que mantenemos con nuestros impuestos, como el PRONACOM, para abundar, le indicaron a inversionistas europeos que nos contactaron pese a las objeciones de nuestros “promotores oficiales”, que “no perdieran el tiempo”, “que ese proyecto nunca se iba a hacer”, “que tenía problemas legales” y que “estaba en manos de narcos”. El Presidente de la República, para terminar de ilustrar, siendo el indudable artífice de esta política, no se dignó siquiera contestar tres misivas de entidades relacionadas al CIG, pidiéndole audiencia al inicio de su período de gobierno, para explicarle de primera mano los avances y las expectativas del proyecto. Al igual que su ex Ministro y otros funcionarios, contribuyó a denostar al proyecto hasta públicamente...


Al grupo empresarial promotor del CIG le queda claro que la acción obstruccionista de nuestras autoridades de gobierno tiene consistencia con los esfuerzos de otros detractores y enemigos del proyecto que han intentado infructuosamente hacerse de su control, como un grupo dizque vinculado al capital tradicional guatemalteco, pero también aparentemente relacionado con torpes y miopes grupos de choque de conocida actividad en la región. Se ha venido haciendo evidente que el potencial de este proyecto ha despertado ambiciones y envidias y que hay quienes le han apostado en el pasado a que “o se hace bajo nuestro control, o no se hace”. Y que originalmente “el Tren Rápido” de Giammattei, parecía indicar que esa era la única manera en la que se iba a materializar una conexión férrea interoceánica en Guatemala... Como muchas otras acciones abusivas en distintas épocas y latitudes, los enemigos del CIG han subestimado el poder de los consensos colectivos. Este proyecto se ha vuelto inexorable y ya las viejas mañas no lo podrán detener. Pero eso será materia de otra columna. Por ahora, regreso al análisis de la coyuntura y disculpará el estimado lector que le confiese el escepticismo con el que me acerqué inicialmente al negocio FERROVIAS-REMED. ¿Qué puede explicar -me pregunté- que en una rama económica en la que se hereda una gran carga histórica de agravios nacionales, haya quien diga estar dispuesto a invertir US$700 millones para arrendar los derechos de un usufructo oneroso, concedido por una entidad descentralizada (FEGUA) a otra entidad (Ferrovías) en la que el mismo Estado es dueño del 82% de las acciones y por sólo 25 años? ¿Cómo justificar asumir semejante riesgo, en calidad de “arrendatario”, si ya se cuenta con el antecedente de un litigio en el que el Estado guatemalteco declaró “lesivo” el usufructo y el usufructuario (que invirtió menos de US$10 millones en rehabilitar “la división norte” -Guatemala/Puerto Barrios- con un enfoque “low-tech”, cuasi-artesanal) demandó al Estado y tras un proceso legal de más de seis años, durante el cual la infraestructura fue inmisericordemente canibalizada, finalmente recibió cerca de US$15 millones de resarcimiento, pero fue obligado a entregarle al Estado sus acciones en la empresa usufructuaria? Me dí tres respuestas: (1) No había intención real de hacer tal inversión, sino únicamente “entretener la nigua”, para seguir dándole oportunidad de “robarse la salida” al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (o sea una operación “encubierta” del gobierno de AMLO, con cómplices locales); (2) Tras sobrevivir el desgaste de la inicial reacción política (los amparos, las demandas, etc.), el potencial arrendatario amenaza retirar su oferta de inversión, salvo mejoren las condiciones; entonces, un grupo local (¿alguien cercano al grupo que según Henry Posner era dirigido “por un oligarca local”, por ejemplo?) ofrece “comprarle al Estado” su 82% (de manera diferida y “a precio de quemazón”, por supuesto) y entonces el negocio ya “se hace viable”; y (3) Estamos frente a un valiente -o ingenuo- grupo empresarial a punto de zambullirse en una piscina llena de pirañas...


Para mi sorpresa, he constatado que el grupo REMED proviene del que considero el mejor y más modernizante grupo empresarial de México, y quizá de América Latina, el empresariado surgido en el último siglo en torno a la ciudad de Monterrey. Aunque ya se me acabó el espacio, adelanto que mientras más me adentro en el tema, más me parece que estamos frente a una combinación de las explicaciones (2) y (3), que la podría hacer viable y legítima. Eso sí, si nuestras autoridades no siguen ensuciando la sopa...


"Publicado en la sección de Opinión de elPeriódico el 15 de Marzo de 2022"

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