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  • Ciudadano Toriello

El país de la terca impunidad

“Sin... justicia, ¿qué son los (gobiernos) sino... bandas de ladrones? ” – síntesis actualizada de la sentencia de San Agustín (Agustín de Hipona), escritor, teólogo y filósofo cristiano, en su obra “La ciudad de Dios”, Libro Cuarto, Capítulo 4.


Durante el “conflicto armado interno” de Guatemala (1962-1996), la izquierda insurgente infiltró al Organismo Judicial para tratar de aminorar las consecuencias que a sus colaboradores y simpatizantes les acarreaba su violento desafío al Estado. La deformación y perversión de los procesos que aquello implicó, no les preocupaba, sino abonaba a su tesis de que “no puede haber justicia en la democracia burguesa... hasta que hagamos la revolución.” Al mismo tiempo, la derecha contra-insurgente también infiltró al OJ guatemalteco, para granjearle impunidad legal a sus latrocinios y crímenes, excesos y abusos de poder que sus colaboradores y simpatizantes consideraban “comprensibles” en el afán de ganar “la guerra sucia” que se libraba “contra el comunismo internacional”. Lenta pero inexorablemente, la administración de justicia, nunca particularmente “pronta y cumplida” en Guatemala (desde que en los albores de nuestra vida independiente libramos una guerra civil -de 1829 a 1840- en contra, entre otras cosas, de los “juicios por jurados”), devino un alambicado sistema en el que eternos procesos burocratizados podían generalmente estancarse o resolverse, según “los dictados del mejor postor”; siendo la auténtica administración de justicia “la excepción que confirma la regla”. En 1986, con la guerrilla derrotada militarmente y crecientemente aislada internacionalmente, aunque “mantenida a flote” para conveniencia “de tirios y troyanos” (que lucraban con las condiciones “de excepción” del “estado de guerra interna”), la nueva Constitución “reformó” al Organismo Judicial, conforme a las agendas de los tres principales “titiriteros” que hubo tras la Asamblea Nacional Constituyente. Esos tres grandes actores institucionales “tras bambalinas” fueron (i) el Sector Privado Organizado, (ii) la amorfa coalición de simpatizantes de la Guerrilla y (iii) el Ejército. Todos con mayor o menor apoyo de una variada gama de patrocinadores internacionales. En términos gruesos, “la izquierda” propugnó por mandatos constitucionales que se tradujeran en un incremento en las condiciones “garantistas” de las nuevas “reglas del juego” (la CC, el Procurador de los DDHH, el Amparo y restricciones formales a la persecución penal); mientras “la derecha” propugnó por la “amnistía” para los excesos y abusos de los “contendientes”, así como por el mantenimiento de circunstancias y formas procesales que resultaran susceptibles al influjo del factor dinerario “en caso de necesidad”. Esto último se logró, fundamentalmente, manteniendo al OJ y sus adláteres como “la Cenicienta” de los sucesivos Presupuestos Nacionales, que desde entonces, le asignan más recursos a diversos “juegos de pelota” que a la administración de justicia. Como resultado, tenemos un sistema (Policía, Ministerio Público, Tribunales y Sector Penitenciario) que aunque “con reglas de juego más o menos modernas”, está desigualmente mal pagado, integrado por una mayoría de funcionarios mediocres y venales, sin mística y en busca de oportunidades para granjearse “una que otra mordida”, hoy sí y mañana también...


Cuando el aparato de inteligencia norteamericano (el State Department, a través de sus agentes de la CIA y ahora, también, de la DEA), que nos espía efectiva y profesionalmente, por lo menos, desde tiempos de Estrada Cabrera (cuando se estaba construyendo el Canal de Panamá), se cansó de observar que este sistema no combatía fehacientemente a la corrupción, haciendo nugatorio todo esfuerzo (como el de sus programas de asistencia para el desarrollo) para propiciar una sana evolución socioeconómica local que no continuara generando tan dramáticamente una creciente e incontenible emigración hacia su territorio, con apoyo bipartisano en los EEUU, decidió aprovechar la coyuntura e hizo posible la efectivización de la CICIG. Este “experimento internacional” empezó como un fallido intento de la Insurgencia para “castigar” al Ejército, más allá de los confines de la “amnistía” negociada en los Acuerdos de Paz (1996) y por eso no logró cobrar vida sino hasta que la Administración de Oscar Berger, agobiada por la acción de las mafias delincuenciales que la derecha contribuyó a crear pero que finalmente “se les salieron de control”, lo consintió (2006). La abundante “inteligencia norteamericana” (que puede oír nuestras conversaciones telefónicas, leer nuestros correos electrónicos y hoy en día, sin duda, hasta nuestros “WhatsApps”), además de mantener una red de informantes pagados, fue “la materia prima” de las exitosas develaciones que la CICIG empezó a materializar desde el 2015. Esto ya no gustó a “la derecha”, pues el esfuerzo anti-corrupción, entre sus excesos, abusos y errores -que los hubo, empezó a evidenciar que la corrupción se origina en la ‘entente’ fundamental que rige el reparto del poder político en Guatemala. Al develarse que también importantes actores del Sector Privado Organizado estaban involucrados en la corrupción institucionalizada, sectores ultraconservadores guatemaltecos empezaron a “pintar” a la CICIG como una expresión más de una nueva campaña “del comunismo internacional”. En renovado pero incómodo contubernio con las “mafias de derecha” y aprovechando el paso del díscolo Mr. Trump por la Casa Blanca, lograron abortar ese esfuerzo y empezaron el proceso de regresión política que hoy, tras grandes retrocesos (en la Policía, en el MP y en las Cortes), hace nueva crisis...


El Sector Privado Organizado (SPO) hizo una arriesgada apuesta en 1986. Saliendo del prolongado Conflicto Armado Interno, logró crear cierto consenso en cuanto a lo peligroso que era el debate político abierto en un país como Guatemala (como se decía al final del período colonial: “en este país tan propenso a la guerra de castas”). De esta suerte, el debate político guatemalteco se “sanitizó”: el período electoral se restringió en términos temporales y de facto, en “el acceso de los candidatos a los micrófonos”. Los partidos políticos se reglamentaron hasta el punto de impedir el surgimiento de nuevos liderazgos y movimientos, convirtiéndolos en “vehículos electorales” dependientes, existencialmente, de algún patrocinador. En Guatemala, en consecuencia, no hay verdaderos partidos políticos, no hay un auténtico debate político público y nuestras cortas, insulsas y sobre-reglamentadas campañas políticas son, básicamente, regidas por la lógica del “mercadeo comercial”, que vende a los candidatos y a sus inexistentes programas, como quien vende una nueva marca de jabón. La idea era que siendo ellos “los del pisto”, terminarían gobernando siempre “por interpósita mano”. No previeron que tanto los militares que en el esfuerzo contra-insurgente articularon verdaderas mafias expertas en extraer ilegal pero efectivamente recursos del erario nacional y los propios exguerrilleros, también expertos en granjearse recursos a través del crimen, iban a contar con suficiente ‘plata’ como para competir con ellos en las batallas por el control político. El asunto se complicó aún más con el explosivo crecimiento del narcotráfico, que ahora disponía de más recursos que los de los antiguos titiriteros, quienes -para no quedar al margen- terminaron haciendo alianzas con ellos para crear un entramado político-administrativo que hoy arranca con la “toma electoral” de las alcaldías del interior, y que poco a poco ha infiltrado, hasta el tuétano, a los tres poderes del Estado...


Mientras tanto, los problemas fundamentales de la República siguen sin resolverse. A 200 años de nuestra Independencia, la mayoría de la población sigue al margen de un mínimo aceptable de prosperidad y de ejercer una auténtica ciudadanía. Por eso uno de cada seis chapines ha preferido -y muchos más siguen queriendo- emigrar. La oferta política que ofrece el régimen puede sintetizarse así: “escoja alguna de nuestras opacas propuestas para conservar este sistema, que aunque corrupto, ‘preserva sus libertades’; o arriésguese a que se materialice aquí otra Venezuela”. Así el régimen, utilizando al “Cuco” del “comunismo internacional”, desalienta -realmente, veta- cualquier esfuerzo auténticamente reformista y nos encamina hacia un escenario “a la peruana”: en dos años, nos darán a “escoger”, digamos, “entre una Zury y una Telma”; entre la continuación de esta “narco-cleptocracia”, de “derecha”, o el riesgo de lo que pueda traerle al país “una CODECA”. Eso, a pesar de que siete de cada diez guatemaltecos, no quieren ni lo uno ni lo otro...


Es en ese contexto que hay que encuadrar la más reciente torpeza de la administración Giammattei, al defenestrar al fiscal Sandoval; descabezando a la FECI (“hija de la CICIG”), último bastión de la debilitada lucha contra la corrupción. El régimen se articula en torno a su supervivencia, que descansa en la preservación de su impunidad. A pesar de que la nueva administración Biden en los EEUU, en un ejercicio de “realpolitik”, había decidido irse por la ruta del “empate honorable”, “dándole oxígeno” al rápidamente desprestigiado gobierno del doctor (para eso le envió las vacunas), a cambio de que mantuviera al “hombre-símbolo” de la FECI y de su lucha contra la corrupción, el Presidente de Guatemala decidió desafiarla abiertamente (¡”le sacó la lengua” a Kamala y a los otros enviados!). No tiene lógica; salvo que el Presidente -cuyo rol en la construcción de un lujoso “retiro” en las faldas del Volcán de Agua y en “el fiasco de las vacunas rusas” empieza a hacerse inocultable- se crea de todas maneras “más allá de un acomodo con los norteños” y le haya apostado -en su desesperación- a “cerrar filas” con la cleptocracia, hábil en las artes de la supervivencia. Hay quienes le habrán dicho “que los gringos no podrán hacerle nada”, a pesar de que no es un Bukele con 90% de popularidad e innegables ejecutorias. Quizá calcula que tiene de su lado al Ejército y a la minoría ultraconservadora, aunque en contra a la mayoría ciudadana, a la prensa, a “la comunidad internacional” y al Tío Sam. Una grave confrontación se aproxima. Como me dijo un banquero europeo el sábado pasado, al enterarse de la noticia: “el ‘riesgo-país’ de Guatemala, acaba de incrementarse, por lo menos, en un 50%”...


"Publicado en la sección de Opinión de elPeriódico el 26 de Julio de 2021"

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