Cómo tratar de hacer un fraude electoral, fallar en el intento y todavía “echarle el muerto” a otros

“No contaba quiénes votaban, sino el voto de quienes contaban” – frase atribuida a José Stalin.

El sistema electoral guatemalteco

El sistema electoral que nos legó don Arturo Herbruger llegó a considerarse como virtualmente inviolable. Su fortaleza fundamental descansa en que el conteo de votos se hace a través de funcionarios temporales, ciudadanos voluntarios, que cuentan los resultados de cada Junta Receptora de Votos (“JRV” o “mesa electoral”), en presencia de fiscales de los partidos en contienda, que por tener intereses contrapuestos, garantizan un escrutinio razonablemente confiable. Hecho el escrutinio, esos funcionarios temporales voluntarios, con el aval de los fiscales partidarios presentes que deseen hacerlo, consignan los resultados de esa “mesa electoral” en un Acta, en papel, la llamada “el Acta No.4”, en donde también estampan sus firmas y datos de identificación. Por eso, típicamente, no es allí donde se puede hacer un fraude; salvo que se trate de una mesa en una comunidad muy apartada, ignorante y pobre, en la que la totalidad de esa colección de ciudadanos que integra la mesa, incluyendo a los fiscales partidarios, pueda ser “pisteada” o amedrentada, lo que históricamente había sido muy poco común desde 1984. Cualquiera de los fiscales partidarios de una de esas mesas que observe una anomalía, puede cuestionar lo actuado ante la instancia electoral siguiente, que es la Junta Electoral Municipal (JEM), mediante impugnaciones de lo consignado en el Acta No. 4. Cada fiscal partidario, además, puede exigir se le entregue una “certificación” de los resultados de su mesa, a la cual se le llama en la jerga de nuestro sistema electoral, las “Actas No. 5” (pueden ser varias), que le sirven a los partidos para hacer sus propias sumas de resultados, por separado y por su cuenta, para confirmar que los resultados oficiales “cuadren”. Cuando termina el proceso en cada centro de votación, las Actas No. 4 originales en papel blanco se hacen llegar a la Junta Electoral Municipal (JEM), la que tras resolver las impugnaciones que se hayan presentado en su jurisdicción, suma los resultados de todas las Actas No. 4 de su municipio, supuestamente en presencia de todos los fiscales partidarios que quieran hacerlo, y consigna sus resultados en la llamada “Acta No. 6”. Estas “Actas No. 6”, a su vez, al terminarse el escrutinio municipal, se envían a la cabecera departamental (con excepción de la especial Junta Electoral del Distrito Central – JEDC, en el caso de la ciudad de Guatemala) y así, la Junta Electoral Distrital (JED) de cada departamento, hace las sumas de todas las Actas No. 6 de su distrito, produciendo, en un proceso análogo al municipal y tras resolver posibles impugnaciones a nivel departamental, “el Acta No. 8” respectiva.

Son las Actas No. 8 las que finalmente recibe el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para hacer la sumatoria nacional oficial, mediante la cual se establecen las posiciones ganadoras de nivel nacional (las de nivel municipal, las alcaldías, quedan así establecidas -pendientes de ser definitivamente “oficializadas” por el TSE- en las cabeceras municipales; y las diputaciones distritales, en las cabeceras departamentales). Como este proceso, que es “el oficial”, puede tomar relativamente mucho más tiempo que el que un público acostumbrado a seguir el proceso por televisión está dispuesto a esperar, el sistema contempla una “transmisión de resultados electorales preliminares” (TREP), para calmar las ansias del público. Este conteo, reportado ahora en “el sistema TREP.gt”, es un “conteo paralelo”. Se basa en duplicados al carbón (¡!) del Acta No. 4, que hoy en día se suman mediante la utilización de computadoras y aunque es preliminar, produce un efecto público inmediato; porque no debiera discrepar de manera estadísticamente significativa de los resultados oficiales que se presenten después, salvo por las impugnaciones que se hayan resuelto con lugar, en cada jurisdicción. De facto, en la mente del público, éstos resultados provisionales son los resultados. Por eso, a nivel nacional y fundamentalmente en la contienda por la Presidencia, la presión para que el resultado “oficial” del TSE “no se contradiga significativamente” con la TREP, no ha permitido que haya mayores discrepancias, pero a nivel municipal y departamental, los “descuadres” han ido en aumento, aunque de manera poco notoria para la ciudadanía, por estar esas jurisdicciones más alejadas “del ojo del gran público”.

Debilidades institucionales aprovechables por los “listos”...

En tiempos de don Arturito, el sistema contaba con otra gran fortaleza: una fuerte mística democrática, nacida de la consciencia ciudadana de estar abandonando décadas de fraudes descarados y un proceso de “veteranía” creciente, al muchos repetir su rol de funcionarios temporales a lo largo de varias elecciones, durante las cuales iban transmitiendo esa mística y su experiencia a las nuevas generaciones de ciudadanos voluntarios. Pero en un país gobernado a nivel nacional por rufianes sin principios, el mal ejemplo que da la cabeza, termina “percolándose” a todo el sistema. Actores interesados y mal intencionados han ido minando el sistema poco a poco. La utilización discrecional de los viáticos y los gastos de representación en los órganos temporales de la elección y otras prebendas “no-oficiales”, han venido debilitando el carácter voluntario, ad-honorem, de este servicio público, en un país con tan altos índices de pobreza. En las últimas tres elecciones se ha hecho evidente que en vez de reforzar la “veteranía” de los exitosos ejercicios iniciales, ha habido un esfuerzo concertado por integrar los órganos temporales con “nuevos elementos”, muchas veces bajo criterios que ponen en duda la imparcialidad de algunos de sus integrantes en varios lugares, y sacando del juego a muchos “viejos” ¡que tenían el defecto de ser considerados honestos! Ya no digamos la presencia creciente del dinero -y las armas- del narcotráfico y otros corruptos, en muchos municipios y/o departamentos relativamente “apartados”. Esto permite aprovechar algunas debilidades del sistema, como por ejemplo, que a la hora de sumar los votos en las Juntas Municipales, no siempre estén presentes los fiscales partidarios del Municipio (porque con sospechosa frecuencia, las JEM convocan a sesión en momentos inconvenientes, como la madrugada del día siguiente a las elecciones) y así los miembros de la JEM pueden “equivocarse” en las sumas, con inverosímil falta de impugnaciones y sin consecuencias inmediatas. Sobre todo si los “caciques” tienen cooptadas a todas las autoridades locales de su jurisdicción y ponerse “muy brincón” pueda resultar “perjudicial para la salud”, en comunidades en donde casi todos se conocen. Pero para que esto “dé bola”, los resultados del TREP es mejor que sean relativamente “compatibles” con la “equivocada” suma oficial de las Actas No. 6 y No. 8 que algunos “listos” quieran manipular. Aunque aún si hay descuadres, los “operadores” de estos fraudes “locales” cuentan con que rara vez se fiscaliza a posteriori en detalle y que una vez “el shock” del TREP “cala”, el público va perdiendo interés en tales “detalles”, salvo en los concursos nacionales, donde “la ley de los grandes números” y la atención del público, lo hacen más difícil. Los fraudes locales logran ser exitosos, entre otros factores, cuando las posibles impugnaciones no se presentan “en el momento procesal oportuno” (de ahí la conveniencia de citar a sesión a horas insanas, sobre todo si los fiscales partidarios inconvenientes están distraídos en alguna crisis artificialmente creada, en otro lugar del municipio). Por eso, las anomalías “usuales” se concentran en los concursos municipales y departamentales, mientras que los nacionales se mantienen relativamente fieles al veredicto popular.

Mientras más tiempo pasa, más se consolidan los resultados oficiales (¿o nos vemos en los Tribunales, por años, discutiendo “que no hubo impugnaciones en el momento procesal oportuno”?), independientemente de que hayan “descuadres” con la versión del TREP que pongan en tela de juicio su veracidad. Consiguientemente, alterar las Actas No. 4, después de haber salido del control de las JRV y sobretodo si hay contubernio con la JEM, es la clave de un tipo de fraude más ambicioso, pues lograr que lo reportado en el TREP sea “lo deseado”, prácticamente asegura la trampa. Los partidos perdedores, que podrían detectar inmediatamente (con las Actas No. 5) las inconsistencias, muchas veces no pudieron ni colocar fiscales en todas las mesas y pronto pierden interés en “el pleito”, por los grandes volúmenes de datos que hay que procesar; sobre todo si temen que al protestar, les puedan quitar “las curules” o los puestos en los Consejos Municipales que hayan logrado “colar oficialmente”. En la elección del 2019, por ejemplo, aunque a nivel de la disputa por la Presidencia no hubo mayores inexactitudes denunciadas, el conteo y la adjudicación de curules y alcaldías estuvo plagada de irregularidades nunca del todo aclaradas, pese al encarcelamiento y procesamiento judicial de algunos funcionarios de rango medio, a quienes “les echaron el muerto” por los descuadres -atribuidas a “fallas del sistema de cómputo”- entre los resultados del TREP y las Actas No. 6 y No. 8, en varios lugares. El TSE nunca dio acceso a todas las copias originales de las Actas No. 4 y tampoco a ninguna de las Actas No. 6, que varios observadores, como Fiscal Digital, solicitaron por las vías legales pertinentes. Ya no digamos “las cajas” con los triplicados de las Actas No. 4 y las papeletas individuales, que permanecen inaccesibles, salvo “a los dioses del Olimpo”. Para “taparle el ojo al macho” aquella magistratura organizó una “Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME)”, cuyas recomendaciones, en lo fundamental, “se las pasaron por el arco del triunfo”. Así es: los miembros de la anterior magistratura del TSE no rindieron cuentas sobre las anomalías, no pusieron a disposición del público los documentos relevantes, no atendieron las recomendaciones de los observadores críticos y -con la protección del régimen- descaradamente, permanecieron impunes. El peligro de que esto se consolide y se siga agravando ha crecido, conforme la actual magistratura del TSE ha venido tomando decisiones que han puesto cada vez más en entredicho su idoneidad e imparcialidad...

El concomitante fraude estructural

El régimen entiende que como se ha descrito, con abundante dinero, es relativamente fácil “incidir” impunemente en los resultados municipales y departamentales, pero también sabe que eso es más difícil en el ámbito nacional, por la ya mencionada “ley de los grandes números” y el “enfoque” en tales contiendas de los observadores nacionales e internacionales. Por eso, ahí entra en juego el “fraude estructural”, que empieza con “reglas de juego” destinadas a dificultar el surgimiento de cualquier oposición real al régimen, desde la anti-democrática naturaleza de los “vehículos electorales”, hasta “la veda” de candidatos inconvenientes, y pasando por dificultar “el acceso a los micrófonos”, la proliferación de partiditos y lo corto del período de campaña. Aquí cobra mucha importancia “asustar con el petate del muerto” para orillar al electorado, en las contiendas nacionales, a escoger “lo menos peor”. ¿Ya va entendiendo usted, ciudadano, por qué el régimen resulta -en la primera vuelta- normalmente más fuerte en las alcaldías y en el Congreso, que en la contienda presidencial?

Como el “pacto de corruptos” tiene bajo su control casi toda la institucionalidad, sin embargo, sus operadores se han ido envalentonando hasta el punto de volverse cada vez más descarados. Los intentos de “falsear” las Actas No. 4 y después negar la presentación de los documentos originales, es cada vez mayor. Seguramente ya hay un “mercado” en el que operadores intermedios se prestan a esos delitos como autores materiales, “trabajando” para “autores intelectuales” que han permanecido, hasta ahora, en el anonimato. Puede imaginar uno que “el precio” de las adulteraciones varía según el número de votos “trasladados” de A a B, el lugar dónde se hacen, y la naturaleza de la elección (más barato en una municipal que en una nacional, por ejemplo; más barato en la del Parlacén, que en la Presidencial; y más barato en San Goloteo que en la ciudad capital, podemos conjeturar). Sea como fuere, la tecnología actual le proporciona una defensa a la ciudadanía con la que antes no se contaba: todas estas acciones ahora “dejan huella electrónica” y si fiscalizamos, podemos detectar dónde hubo anomalías (qué mesas no cuadran), quiénes son los responsables materiales (para que “canten”) y así lograr separar la cebada del trigo...

Cuando se inició este “sistema Herbruger”, la primera copia del Acta No. 4 (el duplicado, hoy en papel amarillo) se hacía “con papel pasante” y se enviaba con un mensajero (a veces en bicicleta o hasta a caballo) a la JEM respectiva, pues había muy pocas líneas telefónicas en las que se podía enviar -por FAX- al Centro de Cómputo del TSE, para el conteo preliminar. Un triplicado, segunda copia con papel pasante (hoy en azul), se guardaba, también, “para auditoría y archivo” (¡!) junto “con las cajas de papeletas de los votos” (ó sea, en la práctica, para nunca ser revisada) y el original, quedaba con la temporal JEM. Con la tecnología de hoy en día todo esto se hace innecesario. El TSE, por ejemplo, “invirtió” Q148 millones en comprar un servicio para sumar -para la TREP- los aproximadamente 150 mil duplicados al carbón de las Actas No. 4 (las correspondientes a las cinco papeletas de la primera vuelta y una sexta papeleta de la segunda vuelta, en las hoy aproximadamente 25 mil mesas electorales), o sea, aproximadamente ¡mil pepos por Acta! Esto en adición a otros Q8 millones que se le asignaron al Centro de Cómputo de la JEDC para procesar lo concerniente a la ciudad capital. Desoyó el TSE casi todas las recomendaciones presentadas a la CAME, como por ejemplo, que en vez de eso, sólo se dotara a las JRV con teléfonos celulares inteligentes, que con una simple “app” pudieran “subir a la nube” la imagen “encriptada y firmada electrónicamente”, con la que el conteo se podría hacer rápidamente, por quien quisiera, incluyendo a los partidos y a otros observadores, a través de medios de verificación tanto humanos como automáticos. O al menos, no hacer las copias electrónicas (“escaneadas” o con foto de un celular) del duplicado al carbón, sino del original, en el momento de producirla. O como mínimo, tener una fotografía para archivo digital tanto del original como del duplicado, permitiendo un cruce de ambos. Tampoco escogieron, “estandarizar” las normas sobre la forma de escribir los números (para que un uno, por ejemplo, no se confunda con un siete, o un cuatro con un nueve). La insistencia del TSE en trabajar innecesariamente sobre copias al carbón y no adoptar sencillos cambios en el formato del acta, sólo puede explicarse como una forma de tener la excusa de la “copia ilegible” a la hora de encontrarse inconsistencias... y por supuesto, hacer una inversión unas diez veces mayor a la que hubiese implicado el sistema alterno propuesto...

Pero entre todas las presiones, y probablemente sin percatarse de las enormes implicaciones de su decisión, los actuales magistrados sí hicieron una innovación muy importante. Aceptaron, invirtiendo comparativamente magros Q3 millones, hacer un archivo de “respaldo inalterable”. Esto no es más que un sistema que fija la imagen del Acta No. 4 (sí, del duplicado al carbón) tomada con una firma electrónica encriptada que la hace infalsificable y que deja consignada inalterablemente la fecha y la hora en la que se hizo la imagen (claro, todavía queda el tema de que en algunos centros de votación, esta imagen se hizo varias horas después del cierre de la JRV). Aún así, esta es una enorme diferencia en relación al 2019, cuando luego de constantes e inexplicables alteraciones a la base de datos de la página web del TREP a lo largo de seis días, el TSE entregó apenas 97% de sus imágenes de los duplicados de las Actas No. 4 hasta una semana después. Además, en el 2019, se les acompañó de una firma electrónica poco segura (casi escolar) y sin registrarla en algún lugar de acceso público, creando condiciones para negar cualquier dolo. Esto es un dramático contraste con lo ocurrido en 2023, cuando menos de 8 horas después del cierre de escrutinios, 99.1% de las Actas No. 4 fueron publicadas, acompañadas de una firma electrónica segura (HASH SHA 256) registrada en un “blockchain” público (el de Bitcoin) que cualquiera puede verificar. Como consecuencia, el 3 de julio por la mañana, Fiscal Digital, por ejemplo, ya llevaba “revisadas” con su sistema y sus voluntarios, más del 70% de las aproximadamente 122 mil Actas No. 4 de la primera vuelta.

La sorpresa del 25 de junio

La lucha por el reparto del poder entre facciones del régimen, debilitó el día de las elecciones su anterior efectividad en la contienda Presidencial. El clásico plan de plantearle al electorado la escogencia entre “la exguerrillera” Sandra Torres y alguno de los ungidos por el régimen, fracasó. El pueblo de Guatemala, además de expresar con el voto nulo su amplio repudio al orden establecido, con una perspicacia casi inimaginable, logró colocar a Bernardo Arévalo (un subestimado candidato “del pelotón”, según las encuestas) como contendiente para “la segunda vuelta”. Esto “sacó de onda” a “la mayoría de la minoría”, haciendo entrar en grave crisis a las estructuras del “establishment”. Sintiéndose súbitamente en la usual posición de los opositores del régimen, es decir, no representados, reaccionaron con la inmediata descalificación del nuevo porta-estandarte de la insatisfacción popular. Lo están tildando -no extraña- de “comunista”, de promover las preferencias sexuales de nuestro actual nefasto Presidente, de abogar por “la Agenda 20-30” (que sus gobiernos conservadores ya aprobaron en nombre de Guatemala), etc. Algunas “cabezas calientes” hasta han llamado, no tan veladamente, al golpe de Estado militar. Pero, conforme a las reglas de juego que ellos mismos establecieron, Bernardo Arévalo se presentará a segunda vuelta, salvo que violen las Leyes y lo impidan, de hecho, por la fuerza...

En las urnas, lo acontecido realmente no es tan sorprendente: (i) En la Contienda Presidencial, no hubo anomalías estadísticamente significativas, sólo incidencias aisladas. Esto lo confirmaron, con su silencio inicial, los partidos (aunque después, algunos perdedores, viendo una insospechada oportunidad de “ganar en la mesa lo que perdieron en la cancha de juego”, hayan cambiado de postura, buscando anular las elecciones); y explícitamente, los observadores nacionales e internacionales. La evidencia documental revisada está confirmando esta primera impresión. (ii) En alcaldías y diputaciones distritales, siguió el típico fraude exitoso, a base de sobornos y coacciones, sin impugnaciones presentadas “en momento procesal oportuno”; que con la revisión documental posterior, tendrá que seguir el lento proceso legal pertinente. (iii) En la capital, la cercanía “de los punteros” (Quiñónez y “Canela”), propició que “alguien” intentara torcer la voluntad popular con pequeñas alteraciones que podrían inclinar la balanza, causando un gran alboroto en una localidad en la que tradicionalmente las elecciones, esencialmente, han sido vigiladas y limpias; y (iv) en el caso de las diputaciones nacionales y el Parlacén, por primera vez en la Historia, se dispone de información pública suficiente para analizarlas más de cerca...

Las secuelas de este entuerto incluyen el cultivo de un ambiente de inseguridad, rumores y especulaciones, aprovechado por algunos de los mafiosos para “llevar agua a su molino”. Circularon, por ejemplo, actas obviamente adulteradas “a favor de Semilla”, con la evidente intención de achacarle a este pequeño, limpio y yo diría hasta ingenuo movimiento de la juventud ilustrada de Guatemala, el haberse “robado las elecciones”. ¡Semilla ni siquiera pudo poner fiscales en todas las mesas! Pero esta vez hay una gran diferencia: se dispone públicamente de información oficial sobre las cruciales Actas No. 4. Fiscal Digital está analizando mesa por mesa. Ya tiene los "porcentajes de descuadre". Falta procesar menos del 30% de todas las mesas, pero la respuesta de la ciudadanía voluntaria está acercándonos cada vez más a cubrir el 100%. Focalizando la atención en las mesas y finalmente, hasta en cada acta, podremos analizar cosas como a qué horas se "subió" a la nube la información (es sospechoso y requiere aclaración, por ejemplo, si un acta “se subió” cinco horas después del cierre de la JRV). Sabemos quiénes son los responsables de cada acta y se puede investigar "la cadena de custodia" de la misma para llegar hasta los autores materiales de una anomalía, cuando se detecte. Habrá presión pública “para que canten”. De ahí a deducir responsabilidades, sólo hace falta que las autoridades -por presión de la ciudadanía- pongan en marcha "el debido proceso".

La sangre no ha llegado al río, por otra parte. Una interpretación sosegada de lo actuado por las Cortes, indicaría que tras revisar las anomalías específicas y detectar posibles delitos, las autoridades podrían iniciar procesos legales a unos cuantos autores materiales (y con la intención de llegar hasta a los autores intelectuales), sin tratar de descalificar la contienda Presidencial y abortar la Segunda Vuelta. Una vez se haga una revisión razonable, con el auxilio de herramientas de análisis disponibles por primera vez en la Historia, proclamar los resultados oficiales pertinentes. Seguir un curso muy distinto de lo que el pueblo espera es “jugar con fuego”. El pueblo ya sabe que se avecina una batalla entre la decencia y el “pacto de corruptos”. Esperemos que las Cortes -apercibidas del clamor ciudadano- actúen sensatamente en esta encrucijada nacional. Y que el proceso democrático siga...